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En Cataluña nadie debe estar por encima de la ley – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Ya inició su andadura judicial la esperada y dura querella criminal presentada por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, contra Artur Mas, presidente de la Generalitat; Joana Ortega, vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, e Irene Rigau, consejera de Educación, por la posible comisión de los delitos de desobediencia, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes), prevaricación y malversación de caudales públicos. Según el criterio fiscal, estos gobernantes se han colocado por encima de la ley, instrumentalizándola y manipulándola en interés propio, subvirtiendo así el Estado de Derecho. En próximas fechas habrá que ver qué suerte corren las denuncias de UPyD, de los Sindicatos Profesional de Policía (SPP) y Unión Federal de Policía (UFP) y de casi una decena de particulares planteadas en términos similares a los de la Fiscalía.

Con o sin polémica, con disensiones entre fiscales o sin ellas, al final se han impuesto la razón y la ley. No hay Estado de Derecho si no se cumple la ley, más aún por parte de aquellos que se encuentran al frente de las instituciones más representativas, que deben dar ejemplo en sus comportamientos públicos. La ley es el fundamento jurídico de la democracia, el marco de todas las libertades. Como dice el clásico, en el Estado de Derecho prevalece el gobierno de las leyes frente al arbitrio de los hombres. Lo que, según todas las apariencias, han hecho Mas y compañía es salirse del cauce jurídico que marca la Constitución y después, con declaraciones inadmisibles y chulescas, tratar de escapar del alcance de las leyes vigentes en España so pretexto de un inexistente derecho a decidir. Ahora tendrán que afrontar las consecuencias de sus actos.

Ese derecho a decidir o derecho de autodeterminación no está reconocido en ninguna Constitución. El caso escocés, al que tanto apelan los nacionalistas de Cataluña, nada tiene que ver con el Principado. Escocia fue Estado independiente que se incorporó voluntariamente al Reino Unido, del que ahora quería separarse de manera legal y pactada. Cataluña jamás fue Estado y su pretensión de independizarse choca frontalmente con la Constitución y las leyes. Con arreglo a la doctrina de Naciones Unidas, el derecho a la libre determinación de los pueblos sólo se reconoce en casos de dominación colonial o racial y discriminación de los ciudadanos en la vida pública o en sus relaciones privadas. El Derecho Internacional no recoge ninguna de estas situaciones y tampoco lo hace el Derecho interno español, a tenor del artículo 2 de la Constitución, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico que se basa “en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles”.

La política y el Derecho
Varios dirigentes políticos de partidos de la oposición han declarado que con la interposición de la querella, inspirada según ellos no por el ministerio público sino por el Partido Popular o por el Gobierno, se cierran más aún más cauces de diálogo entre el Ejecutivo de Rajoy y los nacionalistas catalanes, en particular CiU y ERC. Puede que no les falte razón, pero, como ha dicho acertadamente el presidente del Senado, Pío García Escudero, política y Derecho no son términos antitéticos y si en favor de la política sacrificamos el Estado de Derecho estaríamos abriendo la puerta “a la arbitrariedad y el abuso de poder”, no sólo en Cataluña sino en otras comunidades autónomas con ínfulas independentistas.

Aun así, es también evidente que el Gobierno, a lo largo de sus tres años de legislatura, ha sido manifiestamente incapaz de abrir o proponer alguna iniciativa política, simple o audaz, para rebajar la tensión con Cataluña y buscar puntos de encuentro (lo mismo cabe decir en el caso de Canarias sobre el asunto de las prospecciones petrolíferas). La respuesta penal no debe ser la única o exclusiva solución a un problema político. Es conveniente explorar antes los caminos del diálogo y el entendimiento y cargarse de razones, siempre dentro del marco de la ley. Hace tiempo que los gobiernos de la democracia renunciaron al mantenimiento efectivo y permanente de la presencia del Estado y sus representantes en Cataluña y hoy recogen, entre demagógicos victimismos nacionalistas, los frutos de esa pésima y ciega política de colocar los intereses nacionales en almoneda. Tan es así que la Generalitat aparece, hoy por hoy, como autoridad absoluta, única, en el viejo Principado.
En unos días veremos el recorrido que tiene la demanda fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante el que se encuentran aforados los querellados. Si no la admitiera a trámite, por no advertir indicio de delitos tras el referéndum del 9 de noviembre, cabría la presentación de recurso de súplica. Y si nuevamente fuera rechazada, el fiscal podría recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. El otro escenario se daría con la admisión a trámite, en cuyo caso el Tribunal Superior debería tomar declaración a los tres imputados, practicar las diligencias que cita el fiscal en el escrito acusatorio -conocer las resoluciones de la Generalitat sobre el referéndum, incautarse de los soportes informáticos de la página web preparada al efecto, solicitar copia documental de la distribución de la propaganda electoral, documentación sobre urnas, papeletas y cartelería, conocer las instrucciones dadas a los colegios públicos, etc.- y finalizar luego la fase de instrucción. Después, el TSJC deberá decidir si envía al banquillo a los imputados o archiva la causa contra ellos. Si ocurre esto último, cabe recurso al Tribunal Supremo; si el archivo es provisional cabe la interposición de recurso de súplica al Supremo y posteriormente de amparo al Constitucional. Concluido este recorrido, se celebraría juicio oral.

Sólo un tercio de independentistas
Con arreglo a la benévola tipificación penal existente, de ser condenados los imputados, por los cuatro delitos podrían tener que pagar, esto sí, cuantiosas multas, cumplir un año de cárcel y recibir entre ocho y diez de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público. Una nadería porque, al carecer los tres imputados de antecedentes penales, no ingresarían en prisión. Al final del mandato del Gobierno Zapatero si no recuerdo mal, ya se sugirió una reforma urgente del Código Penal para poder afrontar los desafíos independentistas que se advertían en el horizonte político con unas penas acordes a la gravedad de los delitos de secesión e incumplimiento de la Constitución. Una vez más, la desidia del PP y su mayoría absoluta han dejado las cosas como estaban, pese a tratarse de asuntos fundamentales para el futuro del país.

Lo que ha quedado claro tras el simulacro de referéndum catalán -ilegal, sin censo, controles ni garantías- es que dos tercios de los ciudadanos de Cataluña dan la espalda al independentismo. Sólo una tercera parte de los votantes, unos 2,2 de 6,4 millones, acudieron a las urnas, y de ellos 1,8 millones se manifestaron en favor de la independencia: el 28% aproximadamente. Ya el Centro de Estudios de la Generalitat dijo en mayo pasado, tras una encuesta, que sólo un 24% de los ciudadanos se siente únicamente catalán, porcentaje que el CIS redujo al 21,9%. Los otros dos tercios deben estar conformados por pasotas o abstencionistas y constitucionalistas. Lo inconcebible que dicha minoría trate de imponer la independencia de Cataluña al resto de los catalanes y a los demás españoles ante la pasividad de una parte de la clase política nacional y de un Gobierno más lento que una tortuga e incapaz de afrontar sus graves responsabilidades.

Pero no es menos cierto que el presidente Mas ha salido fortalecido del envite al Estado y ha mejorado sus expectativas políticas; hasta el punto que una encuesta de hace dos días da más intención de voto a CiU que a ERC. Al tiempo, el Estado, por las torpes, lentas e inconsistentes actuaciones del Gobierno, ha quedado sumamente debilitado, ya que a la postre se consintió el desarrollo de la consulta, un órdago que podría compararse al frustrado golpe anticonstitucional del 23 de febrero del 81, aunque Rajoy dijo que nunca se celebraría. Aun así, sólo es posible la senda constitucional, porque lo contrario supondría el fin de España como hoy la entendemos y concebimos.