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El futuro político de Clavijo y CC, en un enredo judicial – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Decididamente, estamos en un sinvivir. Un día sí y otro también saltan al primer plano de la actualidad nuevos y escandalosos asuntos de corrupción en todas sus formas -desde el más leve y a veces excusable hasta el más grave y comprometido-, como si todo estuviera envuelto en podredumbre y perversión tanto en la vida privada como, sobre todo, en la pública. El último caso, que toca de lleno a Canarias, estalló el jueves en La Laguna y colocó en el centro de la diana judicial a su alcalde y candidato nacionalista a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de mayo, Fernando Clavijo, así como a dos concejales, nueve técnicos de la corporación municipal, un ex subcomisario de la Policía Local y un cargo de confianza de Coalición Canaria. El juez titular del Juzgado 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro -conocido por haber iniciado la instrucción del caso Unión en Lanzarote- imputa a Clavijo la comisión de cuatro delitos referidos a prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Se trata de transgresiones que pueden ser englobadas en el apartado genérico de la corrupción, de tanta actualidad como ruidosa repercusión en la sociedad española, aunque la resolución judicial no es firme, ya que cabe la presentación de recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial. Lo que sí me atrevo a dar por seguro es que estamos ante una larga batalla judicial porque el procedimiento, iniciado en 2010 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, incluye tres piezas separadas de muy denso contenido. No voy a entrar en los detalles, ya difundidos por radio, televisión y, sobre todo, prensa escrita y digital, pero sí quiero mostrar mi perplejidad por un hecho que me parece gravísimo: el pinchazo de los teléfonos del alcalde Clavijo -supongo que el privado igual que el oficial- durante cuatro largos años.

Un problema muy grave
Digo gravísimo porque se trata de una medida limitadora de derechos fundamentales -la libertad de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas- que consagra la Constitución al reconocer en su artículo 18.3 el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial imprescindible, proporcional, motivada y sujeta a la interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 de la Carta Magna. Si bien se admite un plazo de tres meses prorrogables por iguales periodos, la doctrina de los tribunales Constitucional y Supremo entiende que la intervención telefónica no sometida a límite temporal por admitir prórrogas sucesivas ha de considerarse “desproporcionada e ilegal”.

Aquí surge, por tanto, un primer problema de no poca entidad, sobre el que sospecho -no hay que ser un lince ni experto en Derecho para deducirlo- que la defensa del alcalde tendrá mucho que decir porque cuatro años parece una desmesura teniendo en cuenta la -permítaseme la expresión- calidad de los delitos que se imputan al acusado. Otra cosa sería si mediara el cohecho o alguna figura de especial repugnancia y severidad penal, o que el mismo Clavijo se hubiera beneficiado económica o familiarmente, de manera directa o indirecta, con alguna de las acciones punibles que le atribuye el juez.

Junto a los palos que da al Gobierno canario por su falta de colaboración reiteradamente solicitada, también me parece sorprendente la larga perorata del juez instructor acerca de los dos años de demora en la notificación de los autos a los interesados -según alega, por problemas burocráticos, falta de personal, carencia de escáner para diligenciar el procedimiento, etc., ya que sólo las imputaciones se recogen en 8.000 folios-. Quizás su señoría quiera evidenciar tanta dilación en los pinchazos telefónicos, junto al porqué de su dictado en estos momentos preelectorales y el retraso en el alzamiento del secreto del caso, que obviamente afecta al derecho de defensa.

Relato discutible
El mismo Pamparacuatro reconoce que, dado el clima social imperante contra la corrupción política, los imputados pueden verse perjudicados en su imagen pública en el supuesto de que concurran a las próximas elecciones, en cuyo proceso -afirma- no debe interferir la justicia, como ha decidido la Audiencia de Las Palmas al posponer hasta pasados los comicios de mayo uno de los juicios pendientes contra varias personas del Ayuntamiento de Telde. El titular del Juzgado 1 de La Laguna señala que en este caso no puede actuar de otro modo dadas las circunstancias, la falta de medios de que ha dispuesto y la lentitud de la Administración para atender sus demandas.
Tras la lectura y consideración de los 17 folios del auto judicial, me queda la impresión de que algunos de los hechos relatados parecen cogidos con alfileres y se pueden venir abajo a las primeras de cambio. A falta de los documentos incautados y de las demás piezas de convicción, que desconozco, no estoy convencido de que varias de las cuestiones en principio tenidas por delictivas acaben teniendo esa consideración antes incluso de que se llega al juicio oral, dada la necesidad de que en el proceso penal las pruebas sean contundentes, no superficiales ni circunstanciales.

Dicho esto, creo que Clavijo ha reaccionado con presteza, imaginación e inteligencia tras conocer su imputación. Consciente de la gravedad del caso, comunicó el hecho a los dirigentes de su partido, convocó a la ejecutiva insular que preside, a la que ayer tenía previsto exponer los pormenores del caso, celebró una rueda de prensa, entregó el auto a los periodistas e inició los primeros contactos para ocuparse de su defensa. A partir de ahí vienen los problemas sobre su futuro político, que queda en sus manos -ha dicho que desea continuar su carrera como candidato a la Presidencia del Gobierno y que no teme por su futuro político-, pero también en la de los máximos órganos del partido, que tendrán mucho que decir al respecto y, naturalmente, según sea la evolución judicial de los acontecimientos.

Decidir, un difícil dilema
Con una opinión pública muy sensibilizada con los asuntos de corrupción y con los partidos políticos -entre ellos la propia CC- metidos de lleno en la redacción y revisión de sus códigos éticos, la situación de Clavijo puede resultar muy comprometida y remover los cimientos de CC. De ahí que mañana, lunes, este grupo político quiera escuchar de viva voz las opiniones del candidato a presidente autonómico y la de quienes consideren que sus aportaciones pueden arrojar luz ante el dilema de si Clavijo debe o no continuar en la carrera electoral. Bajo el punto de vista ético y político, quizás lo más conveniente sería su dimisión, pero él mismo se pregunta por qué hacerlo si está convencido de su inocencia y las pruebas contra él no son contundentes ni irrefutables.
Mantener la candidatura si se prolonga el proceso y llegar con ella a las elecciones puede ser una rémora de consecuencias impredecibles, dada la extrema excitabilidad de la opinión pública. Remover al candidato podría dar lugar a tensiones y conflictos internos en CC porque está por ver si su competidor, el presidente Rivero, a quien el partido apartó para dejar paso a Clavijo, daría ahora un paso al frente -y en tal supuesto lo aceptarían los órganos dirigentes de CC- o si, por el contrario, cobrarían fuerza las candidaturas de Ana María Oramas y José Miguel Ruano, las que más se barajan en el entorno nacionalista.

Estar imputado no es estar condenado y, como en tantos aspectos de la vida, existen gradaciones y escalas de acusación, ya que no todos los casos son iguales. Además de atribuir un hecho reprobable que en su momento será obligado probar para condenar, imputar es también una garantía procesal para acudir a declarar acompañado de abogado. Lo malo es que esa palabreja -imputado- lleva añadida implícitamente una condena moral, la llamada pena de banquillo de la sociedad, como acreditan casos recientes. Con ello se suele hundir injustamente la buena reputación de muchos políticos a los que se niega de hecho la presunción de inocencia a que tienen derecho.
La estigmatización social llega incluso a la arbitraria condena previa cuando se trata de personajes mediáticos. Todo esto también va a pesar a la hora de decidir el futuro de Clavijo, hoy por hoy toda una incógnita.