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El Gobierno regional vende varias oficinas sin uso por 919.000 euros

   

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno acordó ayer, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, la venta mediante subasta pública de varios inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma con un precio de salida global de 919.000 euros. Se trata de tres oficinas situadas en la segunda y tercera planta de la avenida del Primero de Mayo, Nº 12, de Las Palmas de Gran Canaria, que serán adjudicadas por lotes de forma individual. Los tres locales se ubican en un mismo edificio y estaban ocupados por dependencias que han sido trasladadas a la Ciudad de la Justicia.

La oficina de mayor dimensión tiene una superficie de 447 metros cuadrados y su valor de tasación es de 376.000 euros. Le sigue una contigua que mide 417 metros cuadrados con un valor de 370.000 euros. La tercera está cuantificada en 172.000 euros, con una dimensión de 216 metros cuadrados.

Aunque el Ejecutivo regional no precisa de estas ventas para obtener liquidez extraordinaria al haber garantizado la atención de sus obligaciones de tesorería, explica en una nota de prensa que ha decidido proceder a la enajenación con el fin de evitar los costes inherentes a su mantenimiento y seguir avanzado de este modo en la eficiencia del gasto público.

Universidades
En otros acuerdos, el Consejo ha autorizado la concesión directa de dos subvenciones a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a la de La Laguna para la puesta en marcha del programa Cataliza II, que permitirá a 460 egresados universitarios, titulados en Formación Profesional y jóvenes que hayan obtenido certificados de profesionalidad realizar prácticas profesionales no laborales en empresas privadas. La cuantía de cada subvención es de 490.000 euros.

A través de este programa, se pretende que los jóvenes con una formación ya determinada puedan aplicar lo aprendido en la empresa y demuestren las capacidades adquiridas en su formación, mejoren su nivel de cualificación técnica, conozcan la organización socio-laboral del sector y, en particular, de un centro de trabajo o empresa y mejoren sus posibilidades de empleabilidad.

La empresa también obtiene beneficios, ya que con su participación en el programa puede formar en sus técnicas y procesos a futuros trabajadores, lo que, en el caso de una posterior contratación, reducirá el tiempo de adaptación a su empresa y los costes de selección de personal.

Además, explicó el portavoz, podrá cubrir sus necesidades futuras con profesionales cualificados y aumentar su competitividad en el mercado y su capacidad de innovación e invertir en formación asegura rendimientos futuros. Martín Marrero recalcó que una cuestión “muy importante” es que “tanto durante el programa de prácticas como a su finalización, la empresa estará capacitada para decidir la contratación del joven, bajo cualquiera de las modalidades vigentes, con el aprovechamiento de los incentivos de contratación existan en la legislación”.

El Consejo de Gobierno acordó, asimismo, solicitar un dictamen al Consultivo sobre el proyecto de ley de reconocimiento de la denominada Universidad Internacional de Canarias.