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Macario Benítez declara ante la juez imputado por el caso Padrón

   
Macario Benítez, imputado por prevaricación en el caso Padrón. / DA

Macario Benítez, imputado por prevaricación en el caso Padrón. / DA

VICENTE PÉREZ | El Rosario

El alcalde de El Rosario, Macario Benítez (PSOE), declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife imputado por un delito de prevaricación, al dar de baja del padrón municipal a la familia González Gil alegando que no vivían en Montaña Carbonero. Se trata de un cono volcánico protegido donde los afectados tienen una finca de cultivos ecológicos, parte de la cual el alcalde recalificó en el Plan General para hacer una urbanización en sus propios terrenos, anexos a la propiedad de los denunciantes de esta causa, quienes no solo tumbaron en los tribunales esta operación urbanística, sino que también la Justicia anuló su baja del censo de habitantes.

En su declaración, Benítez admitió que “estaba en negociaciones con ellos para este trazado urbanístico”, aunque pasó por alto que les impuso una unidad de actuación urbanística en sus propios terrenos, pues sólo mencionó que estos vecinos se opusieron a “un parque periurbano inmenso” en esa montaña, idea que, según el alcalde, “pusieron los técnicos en el Plan General”.

Sin embargo, el mandatario, que se negó a contestar a las preguntas de la acusación popular, dijo no recordar nada del expediente administrativo sobre esta baja del padrón, ni siquiera del decreto que firmó en 2006 para ello, que no sabía ni siquiera de quiénes se trataba, que los trámites los incoaron los propios técnicos de este servicio, y que “algunas veces” ni siquiera lee lo que firma porque esa vez le pasaron muchos expedientes para firmar. Tampoco se acuerda de haber hablado con el jefe de la Policía Local, Blas Henríquez, para el informe con el que se pretendió justificar que no vivía nadie en la finca, si bien admitió que el expediente “se inició por un informe de la Policía Local” a raíz de una denuncia anónima, un hecho que el alcalde admitió que “no es muy frecuente”.

Negó el alcalde que todo ello fuera un castigo por la postura de esta familia contra sus pretensiones urbanísticas, porque “se les niega el empadronamiento a muchas personas”, al tiempo que dijo desconocer que estos vecinos no pudieron votar en las elecciones por no ejecutar la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a readmitirles en el padrón, sino que se esperó a un fallo judicial en segunda instancia, también favorable a esta familia, uno de cuyos miembros era candidato de IR-Verdes en El Rosario.

Igualmente declaró ante la juez el policía que hizo el informe, quien aseguró que se lo encargó Blas Henríquez, y que no le dio ninguna indicación especial, porque se hacían muchas gestiones de ese tipo. Señala este agente que fue varias veces a la finca y no halló a nadie, y que basó su informe en el testimonio de un vecino que le indicó que la vivienda de Carbonero estaba vacía, aunque reconoció que no se puede identificar en el expediente quién le dijo eso. Preguntado si podría ir ahora a la casa se limitó a recordar que esta tenía “una puerta de hierro”, pero aseveró que ya no recuerda con detalle este informe en concreto.

Se da la circunstancia de que el citado jefe de Policía está imputado en el caso Corredor, en una de cuyas piezas separadas también está imputado el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo.