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Más de 150 docentes denuncian agresiones y vejaciones en el aula

   
Los responsables de ANPE Canarias, entre ellos su presidente, Pedro Crespo (2i), durante la rueda de prensa. | DA

Los responsables de ANPE Canarias, entre ellos su presidente, Pedro Crespo (2i), durante la rueda de prensa. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Sufrí una interminable serie de burlas, humillaciones y desplantes que tuve que soportar durante meses. El equipo directivo de mi centro me ofreció apoyo verbalmente, pero con el transcurso de las semanas pude comprobar que eso era todo cuanto me podía ofrecer. Muchas reuniones internas y externas, mucha buena voluntad, muchas apelaciones a la convivencia y a la mediación en el centro, pero, a la hora de la verdad, nuestro héroe continuaba campando a sus anchas y perdonándome la vida con su mirada, mientras persistía en su única actividad escolar: mi acoso y derribo. Sin embargo, lo más duro fue la soledad e impotencia que sentí”.

Este es el testimonio real de una profesora canaria que tuvo que acudir al Defensor del Profesor del sindicato ANPE como último recurso en el que apoyarse, después de denunciar sin éxito el maltrato físico y psicológico que sufría en el aula por parte de uno de sus alumnos de Secundaria.

Como ella, un total de 157 profesores de las dos provincias (80 en la de Santa Cruz de Tenerife y 77 en la de Las Palmas) fueron asistidos por el servicio que ofrece la organización sindical, que presta apoyo psicológico y jurídico al personal docente del Archipiélago. En relación al curso 2012-2013, las atenciones han crecido casi un 10%, una cifra que se eleva al 50% respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron un total de 104 quejas.

En su informe anual, presentado ayer en la capital tinerfeña, los responsables de ANPE confirmaron que en más del 60% de los casos analizados, las víctimas se vieron obligadas a permanecer de baja laboral durante meses (38 por ansiedad, 25 por depresión y 33 por otras patologías), lo que evidencia la “pasiva actitud” de la administración ante el “importante sobrecoste” económico para el sistema educativo canario.

En cuanto a la distribución por niveles de enseñanza, el documento elaborado por ANPE registra un notable incremento de intervenciones en Educación Infantil, con un total de 31 casos. Mientras, en Primaria se atendieron un total de 51 casos, que también suponen un leve aumento respecto a cursos anteriores. De igual modo, en ambos niveles de enseñanza se da la peculiaridad de que son los familiares quienes someten al profesorado
-subraya el sindicato- a situaciones de acoso, insultos, amenazas, falsas denuncias y agresiones. “Cada vez es más frecuente que estos docentes se sientan desautorizados por los padres ante cualquier límite o norma de convivencia impuesta a sus hijos, incluso en situaciones normales como disputas infantiles o caídas durante el recreo”, denotan desde la organización sindical. Por ende, los 64 casos detectados en Secundaria, así como los 11 casos de FP, Programas de Cualificación Profesional e Idiomas, revisten una “especial gravedad”, que según ANPE no decae con el paso de los años.

Falta de motivación
No en vano, en torno al 9% de las denuncias registradas fueron por agresiones y el 12% por amenazas. La queja más común, no obstante, se centra en las enormes dificultades existentes para poder dar clase en unas condiciones mínimas de normalidad, que según el sindicato deriva de la falta de interés y dedicación de una parte del alumnado canario.

Un problema que viene motivado, expusieron los responsables de ANPE, por la propia situación económica y social que viven las Islas, así como el progresivo debilitamiento de la autoridad familiar, la ausencia de pautas y normas de conductas o una excesiva permisividad con el infractor. Esto, según aseveraron desde el sindicato, “está produciendo efectos muy negativos en los hábitos, actitudes y comportamiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en los centros de enseñanza”.

“Los sucesivos recortes que la enseñanza pública de Canarias lleva soportando las dos últimas legislaturas constituyen el principal factor desestabilizador de la convivencia escolar, cuyas consecuencias inmediatas recaen directamente sobre las espaldas del profesorado”, concluyeron los responsables de ANPE.

Medidas “insuficientes e ineficaces”
Los responsables de ANPE aseguraron que cada vez son más frecuentes los escritos de AMPAS y familias denunciando, ante la administración educativa o los medios de comunicación, la permanente disminución de la calidad educativa y las carencias a las que se enfrentan sus hijos, como resultado de la eliminación de grupos, el incremento de las ratios, la reducción de las plantillas docentes y la práctica desaparición de las medidas de atención a la diversidad.

Ante esta situación, y pese a que se ha potenciado la figura del mediador y existe un Decreto sobre convivencia escolar desde 2011, en la organización sindical consideran que estas medidas son “insuficientes e ineficaces”, ya que no aportan al profesorado el apoyo psicológico ni el amparo legal que necesita cuando se siente víctima del acoso escolar. “No existe mejor prueba para acreditar la veracidad de esto que los datos contenidos en este informe”, concluyen en ANPE.