Ninguna empresa se interesa en hacer la auditoría de Aqualia

La auditoría analizará la mitad de la red que corresponde a los tramos afectados por las restricciones. / M.P.P.

El procedimiento de contratación para realizar la auditoría de gestión de la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua potable de Puerto de la Cruz, ha quedado desierto una vez que ninguna de las cuatro empresas invitadas por el Ayuntamiento a participar presentara una oferta, confirmó a este periódico el concejal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso.

La cuantía destinada para este informe era de 13.500 euros e iba a ser sufragada directamente por Aqualia en virtud del pliego de condiciones. Una cifra estimada según el criterio técnico del ingeniero municipal.

Según Afonso, el Gobierno de CC-PP quiere que este documento esté listo “lo antes posible”, así que ahora procederá a la contratación de una empresa pública que presta servicios de este tipo. Entre las opciones están Gesplan, Gestur y Tragsa, aunque esta última es la que reúne más posibilidades debido a que tiene un convenio con el Consorcio de Rehabilitación Turística. “Una entidad pública tiene las garantías de tener los mismos criterios objetivos que la administración”, sostiene el edil. Una vez que acepte el contrato, si es que lo hace, se procederá a iniciar los trámites para que el estudio comience en unos diez días. El plazo estimado para su finalización es de dos meses.

Pese a que esta “prioridad” estaba en la agenda del grupo de gobierno desde enero de 2013, Afonso explica que la última restricción obligó a “centrarse en los filtros, se paró el tema de la auditoría y se tramitó el expediente sancionador paralelo”. Pero además, añade, “el trabajo de contratación de los pliegos de condiciones no fue sencillo porque no hay antecedentes en la Isla o por lo menos no se conocía ninguno similar y hubo que hacer uno prácticamente nuevo”.

El objetivo de realizar este estudio, muy demandado por los grupos de la oposición, es analizar la mitad de la red que corresponde a los tramos afectados por las restricciones de los últimos dos años. En abril de 2012 la caída de una tapa en el depósito de La Vera, que finalmente fue clausurado, impidió que 2.500 vecinos de Las Arenas, Las Dehesas, San Antonio y Taoro pudieran beber agua del grifo y utilizarla para preparar alimentos. En marzo de este año el exceso de turbidez conllevó durante dos meses la prohibición en el consumo por parte de Salud Pública y afectó a 14.000 vecinos.