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¡Ojo con las reformas!, el Catastro actúa

   
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MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

Hacienda revisa ya el parque de viviendas de 30 municipios de Canarias con la intención de actualizar el valor catastral de los inmuebles. No se trata de un procedimiento de valoración al uso, sino de una actuación de lucha contra el fraude, ya que el objetivo del Ministerio es que afloren todos aquellos inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de otras propiedades correctamente declaradas.

Dicho de otro modo, el Ministerio va a rastrear todas aquellas construcciones para regularizar y actualizar las reformas en el caso de que el dueño no las haya notificado. Es decir piscinas, trasteros, cierre de balcones y terrazas, ampliaciones para jardín o garajes o terrazas que se han convertido en vivienda.

La Ley del Catastro Inmobiliario establece, en su artículo 11, que cualquier alteración en las características del inmueble, tanto físicas como económicas o de titularidad, deben ser comunicadas en el plazo de dos meses después de su realización. Si el titular catastral no lo ha hecho o lo ha hecho de manera incompleta o incorrecta, el Estado tiene la obligación de luchar contra esta modalidad de fraude, realizando actuaciones de comprobación para tener una imagen real de la situación de los inmuebles. Y esto es justamente lo que pretende el Gobierno con esta regulación que comenzó el año pasado y que se extenderá hasta 2016.

Pero para entender bien este procedimiento hay que ir por partes. Primero hay que tener claro qué es y para qué sirve el Catastro inmobiliario. Se trata de un registro administrativo en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales de todo el territorio nacional, con excepción de País Vasco y Navarra. La diferencia, por ejemplo, con el registro de la propiedad, es que este último tiene carácter voluntario, y el Catastro es obligatorio.

A través de este registro se calcula el valor catastral del inmueble para el pago de una serie de impuestos municipales, especialmente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y plusvalías. De ahí su importancia, sobre todo para los ayuntamientos, ya que, por regla general, un aumento del valor catastral de un inmueble por una ampliación, supone un incremento del IBI. Pero no hay que asustarse, el Ministerio de Hacienda asegura que esto no siempre es así, porque depende de si las corporaciones locales bajan o suben el porcentaje que aplican para calcular el importe del IBI. Así que, para tranquilidad de los ciudadanos, esta regularización catastral no implicará necesariamente una nueva revisión de los valores catastrales, sobre todo ahora en año electoral, pues los inmuebles regularizados se calcularán con los valores vigentes en cada municipio hasta la fecha.

La intención de esta actuación, por consiguiente, no es en sí recaudatoria. Es más, desde el Ministerio de Hacienda se apunta que la afloración de inmuebles no declarados puede permitir a los ayuntamientos rebajar los tipos de gravamen que aplican a la generalidad de los vecinos, sin mermar sus recursos totales. Lo que sí ocurrirá es que, evidentemente, el contribuyente tendrá que pagar más, ya que si ha hecho una piscina o ampliación, el valor de la casa aumenta y pasará a pagar lo que realmente le corresponde. En definitiva, no es que el ayuntamiento suba el IBI, es que el propietario pasará a pagar lo que debe, en función del valor actual de cada municipio.

El ministro, Cristóbal Montoro, aclaró durante la presentación de este plan que en los municipios cuya ponencia de valores esté entre los años 2004 y 2005, no van a existir diferencias sustanciales en el pago del IBI. No ocurrirá lo mismo con aquellos valores entre los años 2006 y 2008 y en el año 2003 y anteriores, donde las diferencias serán mayores.

Además, dependiendo del ayuntamiento, éste podrá aplicar los intereses de demora hasta los últimos cuatro años; los anteriores están prescritos. Aquí entra en juego el afán más o menos recaudatorio de cada corporación local.
Asimismo, el Ministerio aclara también que si la reforma no ha sido declarada ante el Catastro, no implica que la obra que se haya realizado sea ilegal. Es una cuestión totalmente diferente, ya que para realizar esta obra o ampliación el propietario ha tenido que solicitar la preceptiva licencia urbanística en la corporación municipal. En este sentido, es del todo cuestionable la labor de los ayuntamientos, porque, en la mayoría de los casos, éstos no han comunicado al Catastro esta licencia de modificación, y es ahora cuando lo están haciendo.

Es por ello que este plan de regularización catastral no multa ni sanciona, porque no entra en la legalidad o ilegalidad de la ampliación. Esa es competencia del ayuntamiento. Únicamente, lo que ha establecido es una tasa de 60 euros por inmueble objeto de la regularización, que deberá abonar el titular y que tiene por objeto, según explica el Ministerio, el desarrollo del propio plan. Teniendo en cuenta que el Gobierno prevé regularizar unos 3 millones de inmuebles en toda España y todos tienen que pagar la tasa de 60 euros, la recaudación de este plan ascenderá a unos 180 millones de euros.

Los municipios
Hasta la fecha, 3.070 municipios ya han manifestado a la Dirección General del Catastro su interés en la regularización catastral. De ellos, 30 son canarios, 10 en la provincia de Las Palmas y 20 en Santa Cruz de Tenerife. Los municipios son Arrecife, Valsequillo, Gáldar, Santa María de Guía, Tuineje, La Aldea de San Nicolás, La Oliva, Pájara, Puerto del Rosario y Vega de San Mateo, en la provincia oriental. En Santa Cruz de Tenerife figuran Puerto de la Cruz, Arafo, Buenavista del Norte, Candelaria, Fasnia, Los Realejos, San Juan de la Rambla, San Miguel de Abona, Santa Úrsula, El Sauzal, Los Silos, Garachico, Guía de Isora, Icod de los Vinos, El Rosario, Santiago del Teide, El Tanque, Tegueste, La Victoria de Acentejo y Vilaflor.

El procedimiento que sigue el Ministerio consiste en el uso de fotos aéreas y en la recopilación de licencias de obras en los ayuntamientos. Esta actuación, además, se realiza de manera voluntaria, es decir, el propietario se dirige al Catastro para actualizar su inmueble, o también puede ser la propia Dirección General del Catastro la que comunica la apertura de expediente. Además, Hacienda también realizará trabajo in situ, enviando inspectores a los inmuebles, sobre todo en las zonas rústicas y turísticas.

Los propios ayuntamientos son, en cierta manera, los interesados en que los Catastros se revisen, porque actualizarán el IBI y, por ello, son las corporaciones las que deben solicitar dichas regularizaciones. Sin embargo, de los 88 municipios que hay en el Archipiélago, tan solo 30 han solicitado dicha revisión. Según contemplan los Presupuestos Generales del Estado, durante ese año se han enviado 1,5 millones de expedientes para regularizar, y para 2015 se estima lanzar 1,4 millones. Al final, el Ministerio estima que afectará a cerca del 10% de los 36 millones de recibos de IBI.

El presidente del Colegio de Agentes de Aduanas, Jordi Violán, destacó que el objetivo de este plan es justo, pero resaltó que “tiene un trasfondo de recaudación innegable”. En este aspecto, indicó que hay otras prioridades que debe atender el Gobierno, como por ejemplo, hacer un censo de las viviendas desocupadas.