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La oposición examina la política económica de la octava legislatura

   

Paulino Rivero

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El debate de primera lectura del proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 2015 es la excusa perfecta que han encontrado los grupos de la oposición para plantear una censura a la política económica y social del Gobierno en esta agonizante octava legislatura. Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP) registraron ayer, por este orden, sus respectivas enmiendas a la totalidad con solicitud de devolución de unas cuentas que tachan de inútiles.

Desde la perspectiva del PP, “la insistencia en un modelo político, social y económico fracasado y anclado en la crisis, y su correlativa plasmación presupuestaria para 2015” hacen de esta ley “un instrumento sin credibilidad, inhábil para afrontar la creación de empleo, la reactivación económica y el progreso social”. De continuar por esa “equivocada senda”, alerta Australia Navarro, “seguirán enquistados los problemas estructurales de la Comunidad Autónoma, especialmente sus altas tasas de paro y pobreza”.

En definitiva, resalta la portavoz del Grupo Popular, “ha sido una legislatura perdida para la recuperación económica”. Partiendo de la consideración de que la piedra angular de la “decadente” situación de Canarias es la tasa de paro del 33%, “la segunda más alta de Europa”, el PP lapida el objetivo gubernamental de “contribuir a asentar y fortalecer la recuperación económica, que se traduzca en creación de empleo, además de blindar las políticas sociales” para garantizar el bienestar. “Nada más lejos de la realidad”, argumentan los populares. A su modo de entender, el Ejecutivo de coalición (nacionalistas y socialistas) “se muestra insensible ante los problemas de los canarios: no actúa, no decide y no reforma lo que no funciona”. Lo que pretende la principal fuerza parlamentaria es que los presupuestos se enmarquen en “una estrategia que permita al Archipiélago salir del hoyo al mismo tiempo que el resto del país y superar las gravísimas carencias sociales”.

Otro motivo del rechazo del PP se halla en los ingresos tributarios, al mantenerse “la mayor parte de las enormes subidas de impuestos sobre las rentas medias y bajas”. También disgusta al PP la “imperceptible” reducción en las escalas inferiores del tramo autonómico del IRPF, cuya modificación favorece a 703.00 contribuyentes. Le parece un maquillaje fiscal, idéntica expresión que utiliza el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, respecto del ministro Cristóbal Montoro. A través del microscopio de NC se observa que “una disminución del gasto público, en 158 millones de euros, como una forma de priorizar el déficit sobre las políticas sociales y la lucha contra el paro”. Conforme al criterio de la organización que lidera Román Rodríguez, este presupuesto, de 6.195,4 millones de euros, “no refuerza los servicios públicos esenciales y tampoco ayuda a la reactivación de la economía ni impulsa la generación de empleo”. También critica lo que califica de “fiscalidad netamente electoralista y conservadora, que niega el incremento de los ingresos de la Administración”.

Nueva Canarias sitúa el proyecto en “un contexto económico de incertidumbre en la Unión Europea y con grandes limitaciones externas”. En este escenario, Román Rodríguez y Pedro Justo mencionan como detonante la “nefasta” reforma del artículo 135 de la Constitución, “aprobada en septiembre de 2011 a instancias de José Luis Rodríguez Zapatero, con el acuerdo del PP, y por mandato de Angela Merkel”. Se trataba, recuerda NC, de “fijar estrictas limitaciones al déficit y a la deuda pública”.

En su descargo, Ortiz alega que el vigente sistema de financiación autonómica “obliga a Canarias a detraer dinero para suplir la merma de 800 millones anuales en los servicios básicos”.