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El secretario se queja de la falta de 5 plazas de funcionarios juristas

   

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

El secretario municipal del Ayuntamiento de Candelaria, Octavio Fernández, volvió a insistir ayer, en el transcurso del Pleno ordinario, que, tal y como ya advirtió en las bases que presentó en julio, “el Consistorio necesita convocar con urgencia cinco plazas de funcionarios de Derecho”, porque en la actualidad solo él y una técnico de Administración General tienen esa condición, aunque hay seis juristas laborales y una funcionario interina.

El secretario contestaba así a la pregunta del concejal no adscrito, José Fernando Gómez, sobre la legalidad de que un jurista externo firmara las ayudas de emergencia social. Fernández admitió que “un informe social lo puede hacer un licenciado en Derecho externo”, pero añadió que “eso está motivado porque solo dos personas no podemos abarcar todo el trabajo del Ayuntamiento como si fuera uno de menos de cinco mil habitantes”. El secretario recordó que el Ayuntamiento necesita cinco plazas para licenciados en Derecho y que no se ha convocado ninguna, recordando además que la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de 2010 convirtió a 50 laborales en funcionarios, algo que el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Canarias) echó abajo, lo que ha dejado, por ejemplo, a la Oficina Técnica, sin ningún funcionario licenciado en Derecho.

Olivia Pérez, concejala de Servicios Sociales, señaló que “gracias a la jurista externa contratada y a la firma del secretario hemos podido sacar 300 ayudas sociales”. José Fernando Gómez, tras oir el alegato del secretario, exclamó: “las cosas de las que se tiene que enterar uno”.

Gil: “Antes solo había chatarra”

Una moción del Partido Popular pedía una comisión de investigación sobre el sistema renting (arrendamiento, mantenimiento y seguro a todo riesgo) que utiliza el Ayuntamiento para la adquisición de vehículos, “un gasto a mansalva de vehículos innecesarios”, comentó Carina Dainotto, que “en algunos casos ha triplicado el precio”, llegó a decir. Le contestaron varios concejales socialista, siendo el más contundente Ramón Gil, de Obras y Servicios: “Cuando llegamos en 2001 solo había chatarra y hoy garantizamos el transporte y la seguridad de nuestros trabajadores”. El Ayuntamiento dispone de una partida de 110.000 euros anuales para este concepto, habiéndose invertido este año 67.000. El interventor calcula el gasto en un 40% sobre el precio del mercado.