“Si Santa Cruz está en contra de la marina de San Andrés, que pague”

La aplicación presentada por la Autoridad Portuaria ofrece un recorrido virtual por el recinto del puerto. / DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Cien millones de euros. Esa es la cantidad que la empresa adjudicataria de la marina de San Andrés estima tendría que pagársele por violar sus derechos como concesionaria si el proyecto no se ejecutase. Una cifra lo suficientemente importante para que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se preocupe, y mucho, por evitar su pago, de forma que, mientras el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha expresado, por activa y por pasiva, su oposición a que se construya este puerto deportivo, ayer, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, apuntaba que, “si el Ayuntamiento está en contra de que se haga, que pague el rescate y no se hace nada”. Añadió que, “hay un derecho que tiene la empresa adjudicataria y ese es un derecho que no se le puede quitar porque a mi me guste más o menos”.

Con estas palabras confirmaba el máximo responsable de la Autoridad Portuaria, que si el Ministerio de Medio Ambiente atiende las alegaciones que ha presentado el puerto al informe de impacto ambiental negativo de la marina (documento que en la práctica supone la suspensión de la obra), esta se llevaría a cabo sin ningún tipo de duda.

El puerto deportivo de San Andrés se proyectó y adjudicó hace más de diez años, instalación cuyo proyecto original fue modificado y que obligó a realizar un nuevo informe de impacto ambiental, que es el que ha sido informado negativamente por Medio Ambiente, el mismo que en el recientemente aprobado Plan Especial del Puerto queda relegado al desarrollo de un Plan Especial, ordenamiento que debe redactar el Ayuntamiento y que, recordó el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, es el único con potestad para hacerlo o no. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria justificaba el recurso presentado contra el impacto ambiental recordando que, “esa marina se sacó en el 2003 a información pública y nadie dijo nada, y cuando la iban a conceder todo el mundo empezó a protestar y entonces la Autoridad Portuaria la cambio de sitio”. “Nosotros -continuó- pedimos al Consejo de Estado que se procediera al archivo del expediente y se no dijo que no, que empezáramos de nuevo, y eso es lo que hicimos”.

Ese nuevo expediente supuso elaborar un nuevo informe de impacto ambiental, el mismo que Medio Ambiente rechazó por las consecuencias que esta obra podría tener en las praderas de sebadales de los fondos marinos de San Andrés. “Lo que nosotros no entendemos”, señala Rodríguez Zaragoza, “es que, si el primer proyecto, con una marina más grande, tenía un impacto positivo, cómo es que siendo más pequeña la segunda obra, tenga un informe negativo”. El máximo responsable de los puertos de la provincia justifica así el sentido de la alegación presentada, “hemos pedido a Medio Ambiente que explique esa diferencia entre ambos proyectos y estamos a la espera de que nos den una respuesta”.

Si Medio Ambiente respondiera de forma positiva a la Autoridad Portuaria, el proyecto de la marina de San Andrés saldría adelante. “El derecho que tiene la empresa es que va a hacer una marina con una serie de características que no tiene nada que ver con la primera, con menos metros cuadrados comerciales y una serie de cuestiones distintas”, detalla el presidente de la Autoridad Portuaria, para insistir en que, “si a alguien no le gusta pues que indemnice a la empresa y nosotros estamos encantados de no poner nada ahí”. Si el impacto sigue siendo negativo, entonces será la Autoridad Portuaria la que tendrá que hacer frente a la millonaria cantidad.