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Berriel dice que no hay nada que reclamar a la Cotmac

   
Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. / da

Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. / da

JOSÉ L. CONDE | El Rosario

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, señaló ayer que el Ayuntamiento de El Rosario no tiene nada que reclamar a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) por la anulación del Plan General de Ordenación, según una sentencia del Tribunal Supremo sobre la que no cabe recurso. Estas declaraciones fueron efectuadas en el programa Despierta Tenerife, de Teide Radio, en respuesta a las declaraciones del alcalde Macario Benítez, quien manifestó que los servicios jurídicos del Consistorio estudiarán la posibilidad de realizar acciones legales. Afirmó que ya la Cotmac puso muchos reparos al Plan General de Ordenación, que fue anulado por criterios medio ambientales, que en un principio los técnicos entendieron que eran suficientes. Berriel señaló que la responsabilidad del plan recae en el propio Ayuntamiento, que es quien lo elabora, y que los informes jurídicos son interpretables.

Oposición
Berriel reconoció que la Cotmac trabaja con cierta presión, pero que no son propensos a escuchar las voces de las críticas de los políticos. Por otra parte, Iniciativa por El Rosario-Verdes, principal partido de la oposición, ha denunciado “que las administraciones canarias han quedado en evidencia, al ser copartícipes de este nuevo desaguisado con este PGO. Una vez más, los tribunales tumban el planeamiento municipal del que son corresponsables el Cabildo de Tenerife y la Cotmac”. “El nuevo varapalo judicial al PGO tendrá unas consecuencias económicas nefastas para el municipio, en una época de crisis como la que estamos padeciendo, pues el documento es imprescindible para el relanzamiento local de la actividad de vecinos y empresas”, ha señalado Escolástico Gil, quien recuerda que en el pleno extraordinario del 25 de mayo de 2006 ya advirtió que el PGO de El Rosario “no podía prosperar si se obviaba aplicar la Ley 9/2006”.

Esta normativa, según Gil, procede de una disposición europea que obliga a realizar un informe de sostenibilidad sobre los efectos medioambientales, las medidas para prevenir los impactos y un análisis más exhaustivo sobre las alternativas.