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Los cabildos podrán imponer a los municipios infraestructuras

   
Tendido de alta tensión alternativo al que iba a pasar por Vilaflor, que tuvo fuerte rechazo social. / DA

Tendido de alta tensión alternativo al que iba a pasar por Vilaflor, que tuvo fuerte rechazo social. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La nueva ley del territorio de Canarias, pendiente de su publicación en el Boletín Oficial para su entrada en vigor, da la potestad a los cabildos de imponer a los ayuntamientos infraestructuras que consideren importantes para una isla o una comarca, como carreteras, líneas ferroviarias, industrias, depuradoras de aguas o plantas de tratamiento de residuos, entre otras. En cambio, los cabildos solo podrán fijar criterios “orientativos”, y no vinculantes, sobre suelos agrícolas, para energías alternativas o de valor arqueológico o para recursos mineros, como los áridos.

Así consta en el artículo 5 de la Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y los recursos naturales, aprobada el pasado día 10 por el Parlamento de Canarias, con el voto favorable de CC-CCN-PNC y PSOE y el no de PP y NC.

La nueva norma deja claro que prevalecerá lo que establezca un plan insular sobre lo dispuesto en un plan general de ordenación, elaborado por un ayuntamiento. De este modo, si ambas previsiones resultan “incompatibles” en cuanto a categorización o clasificación de un suelo, es el cabildo el que impondrá a un municipio su criterio. La normativa, pues, dejará poco margen para que vuelva a ocurrir una batalla jurídica como la de Vilaflor contra el tendido de Unelco o la de Granadilla contra la ampliación de la central eléctrica.

No obstante, cuando estas infraestructuras o equipamientos se prevean en planes territoriales especiales y el ayuntamiento hubiera aprobado su plan general de forma previa, sin que se hubiera iniciado la tramitación del de carácter insular, éste solo podrá hacer recomendaciones, pero no imponer sus determinaciones al municipio.

En concreto, los cabildos, en su planeamiento, deberán definir los llamados sistemas generales o equipamientos estructurantes. Se trata de infraestructuras de transporte; de producción, transporte y distribución de energía y de abastecimiento de combustible; de comunicaciones; polígonos industriales de trascendencia supramunicipal o de industrias relevantes o singulares; infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente vinculadas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo; las destinadas a servicios públicos esenciales de trascendencia insular; redes de abastecimiento y almacenamiento de agua para poblaciones, así como el saneamiento, depuración y reutilización, y para abastecimiento agrario; y suelos destinados a infraestructuras para gestionar y tratar los residuos.

En cambio, será sólo “orientativo” para los ayuntamientos la ordenación que propongan los cabildos en los planes insulares en cuanto a recursos mineros, preservación de suelos con mayor potencialidad eólica y los criterios para implantar otras energías alternativas en suelo rústico; así como la delimitación de zonas de interés agrícola insular y de interés cultural o arqueológico insular o regional.

El uso y gestión de los espacios naturales pasa también a manos de los cabildos

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

La nueva ley que simplifica y armoniza la normativa sobre protección del territorio y recursos naturales en Canarias aumenta la potestad de los cabildos al darles la capacidad de formular y aprobar de forma definitiva los planes de uso y gestión de los espacios naturales protegidos. Eso sí, necesitarán del informe preceptivo y vinculante del pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), adscrito al Gobierno regional.

Además, la normativa urbanística aplicable a los asentamientos agrícolas y rurales requerirá del informe favorable de los ayuntamientos afectados, según estipula el artículo 8 de la Ley de armonización y simplificación sobre protección del territorio y los recursos naturales, aún no en vigor.

Además, la nueva regulación permite al Gobierno canario delegar en los cabildos la competencia sobre deslinde y amojonamiento de los espacios de suelo rústico. Corresponderá a las administraciones insulares fijar las medidas de conservación de los parajes naturales incluidos en la Red Natura 2000, para que respondan a las exigencias ecológicos de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas.

Además, en los espacios fuera de esta red, que es la creada por la Comisión Europea, los cabildos elaborarán también normas de conservación.

El Ejecutivo canario, según dispone la nueva legislación, se reservará la potestad de dictar por decreto medidas de control ambiental obligatorias para los cabildos con el fin de evitar alteraciones con efectos claramente apreciables que afecten a los hábitats o especies de la red Natura 2000. Si, en ese caso, un Cabildo insular muestra “inacción o retraso injustificado” en elaborar la ordenación de espacios naturales, el Gobierno autonómico podrá asumir el ejercicio de esa competencia y elaborar directamente el plan o norma de conservación.