CC y PSOE corrigen cuatro artículos ‘inconstitucionales’ de su Estatuto

El portavoz del Grupo Socialista, Manuel Fajardo, hace una indicación durante un pleno. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Estatuto de Autonomía es una de las asignaturas troncales del programa de gobierno de CC y el PSOE. En coherencia con la importancia de la materia, los grupos de la mayoría oficialista aplican una técnica de estudio basada en el compromiso electoral para aprobar la propuesta de reforma antes de que, en marzo o la primera semana de abril, Antonio Castro eche el candado en el cierre de la octava legislatura.

Para ese examen de fin de curso, el Consejo Consultivo les ha puesto deberes: corregir cuatro artículos de la proposición considerados “inconstitucionales”. El dictamen solicitado por el presidente del Parlamento marca en rojo la regulación del “sistema electoral de los cabildos” (65), que “corresponde a la legislación de régimen electoral general del Estado”; la atribución al Tribunal Superior de Justicia la potestad para resolver los “conflictos de competencias entre corporaciones locales” (77.5); el reconocimiento de competencia al Consejo de Justicia de Canarias para informar, cuando sea requerido, de “los recursos de alzada contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados” (80.3.b), y la “determinación (de manera excepcional, debidamente acreditada) del alcance de las competencias básicas a ejercer por el Estado” (94.3).

El Consultivo recomienda, además, afinar otras referencias para “garantizar su plena constitucionalidad”. En este apartado se mencionan aspectos como la lejanía, insularidad y ultraperiferia (4), establecer programas y acuerdos con los países vecinos y próximos (11), el régimen jurídico de los cabildos (64), organización territorial (102), régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y responsabilidad de las administraciones públicas canarias (105), y transportes (158). Por “razones de seguridad jurídica”, también se incluyen reparos a 25 preceptos.

A estas conclusiones ha llegado el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma tras analizar, por ejemplo, las alegaciones formuladas por los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria. En la documentación no figura, sin embargo, el parecer de la Comisión General de Cabildos.

Si bien no deslegitima la iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Paulino Rivero, el Consejo Consultivo advierte de que el método utilizado podría ocasionar “efectos adversos” al pretendido blindaje del Estatuto canario (promulgado en 1982 y modificado en 1996). “Quizá no sea idóneo desde el punto de vista normativo ni desde la perspectiva de la competencia de los poderes constituidos”, arguyen los ponentes del informe.

Del ojo crítico de los juristas tampoco se libra el preámbulo. Al respecto, anotan que la carencia de magnitud normativa no equivale a falta de valor jurídico. Consecuentemente, este elemento es “accesible a un pronunciamiento” del Tribunal Constitucional en un eventual recurso.

El Consejo Consultivo cuestiona los párrafos del encabezamiento al entender que desbordan los márgenes de la Carta Magna. Y por eso no estampa el sello de conformidad. En la entradilla se perfilan fundamentos y un alcance que, en su opinión, son “incompatibles con la subordinación a la Constitución”.

A sabiendas de que los leones de las Cortes van a silbar y mirar para otro lado, el planteamiento superó la barrera de la tramitación gracias a los votos de CC-CCN y PSOE, con la abstención de NC y el rechazo del PP. Sigue adelante a trancas y barrancas.