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CC y PSOE rebajan la prueba de ‘idoneidad’ a arquitectos

   
Domingo Berriel,  consejero de Obras Públicas y  Transportes. / DA

Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas y Transportes. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Los socios en el Gobierno canario, CC y PSOE, retiraron a última hora del proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio la exigencia de un certificado de idoneidad, que iba a expedir una comisión dependiente del propio Ejecutivo regional, a los arquitectos y demás profesionales redactores de planes de ordenación territoriales o urbanísticos para poder ser contratados con tal fin.

La legalidad de tal medida había sido cuestionada por el Consejo Consultivo de Canarias, y también por los colegios oficiales de arquitectos. Finalmente, ha quedado suprimida en la norma aprobada por el pleno del Parlamento canario el pasado 10 de diciembre, con el voto a favor de ambos grupos.

La ley que próximamente entrará en vigor sustituye esta opción por una indicación genérica a que los redactores externos de planes deban “acreditar su idoneidad, su solvencia técnica y económica y su capacidad” , además de ser seleccionados conforme a los principios de contratación pública. Además, la norma crea un registro de equipos redactores de planeamiento, colectivos o individuales, como sección especial en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma, en el que la inscripción será voluntaria, siempre que los interesados cumplan los requisitos generales que estipula la Consejería de Economía y Hacienda. No obstante, se deja la puerta abierta a “requisitos adicionales” que se fijen en el futuro reglamento de esta nueva ley.

El texto inicial que presentó el Gobierno en el Parlamento creaba una comisión para acreditar “la cualificación” de los equipos redactores de planeamiento. La intención era que la formaran cinco miembros “técnicos”: dos de la Consejería de Ordenación del Territorio (de la que es titular Domingo Berriel) uno de la Federación Canaria de Municipios, uno de los cabildos, y uno de colegios profesionales.

La flamente ley incorpora, no obstante, la advertencia a los equipos redactores de que el incumplimiento de las obligaciones asumidas o su cumplimiento defectuoso, en la elaboración de un planeamiento, les podrá acarrear ser “desclasificados”, es decir, inhabilitados hasta por cuatro años para poder contratar con las administraciones públicas del Archipiélago.

Los equipos redactores, incluidos los externos, con esta reforma legislativa ganan poder, pues, si bien siempre tienen que motivar sus decisiones y propuestas, así como cumplir las “lineas básicas” de ordenación fijadas por el pleno de un ayuntamiento, que luego ratificará el documento final, lo cierto es que se les deja margen de maniobra durante la tramitación del plan.

Así, “en nombre y por cuenta del ayuntamiento” serán los responsables de “fomentar y materializar” la exposición pública para la participación de los ciudadanos y de las instituciones . El equipo redactor “analizará los diferentes modelos territoriales posibles, valorando y articulando las alternativas más viables, conforme a criterios objetivos, y proponiendo la que estime más viable”. También será el encargado de “introducir las correcciones que estime convenientes” tras las alegaciones.