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El TC anula la rebaja del 5% en el personal de 9 empresas públicas

   
Los dirigentes de CC.OO. ayer, durante la rueda de prensa. / EP

Los dirigentes de CC.OO. ayer, durante la rueda de prensa. / EP

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

CC.OO. Canarias pidió ayer al Gobierno de Canarias una mesa de negociación para tratar la devolución de los 132 millones de euros que se han retenido a los trabajadores de las empresas públicas desde el 1 de junio de 2010, cuando se empezó a aplicar una reducción del 5% del salario a todos los empleados.

Así lo afirmó ayer el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la organización sindical, Pedro Moreno, durante una rueda de prensa conjunta con la responsable de los servicios jurídicos de esta Federación, Marisa Castellano, el coordinador de la dirección provisional del sindicato, Antonio Pérez, y el delegado sindical del ITC, Antonio Ortegón.

CC.OO. explicó que una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado nulo un artículo de los Presupuestos Generales de Canarias que se aplica desde mediados de 2010 por el que se bajó el salario el 5% a los trabajadores de las empresas públicas del Archipiélago. Las empresas afectadas son Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, Canarias Cultura en Red, Cartográfica de Canarias, Gestión del Medio Rural, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, Gestión y Planteamiento Territorial y Medioambiental, Gestión Recaudatoria de Canarias y Gestión Urbanística de Las Palmas. En este sentido, Moreno apuntó que tras esta resolución el Gobierno canario tendría que incluir ya en la nómina de enero el porcentaje del salario que se había rebajado, mientras que el sindicato se mostró abierto a negociar la mejor manera para la devolución de las cantidades que se dejaron de abonar.

En total, el sindicato entendió que tomando como referencia un sueldo medio de 1.100 euros por cada trabajador, la Comunidad Autónoma tendría que preparar una partida anual que oscilaría entre los 25 y 30 millones para una horquilla de trabajadores de entre 2.000 y 2.500.

La organización sindical destacó que el TC ha vuelto a “dejar claro” que el Gobierno de Canarias “comete manifiestamente ilegalidades”.