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Este año que se nos va – Por Juan Julio Fernández

   

Este año 2014 que se nos va que viene marcado, en España, por un hecho al que creo que no se le ha dada la relevancia debida: la renuncia al trono de don Juan Carlos en favor de su hijo, hoy Felipe VI. Ha comenzado, pues, un nuevo reinado o, dicho de otra manera, se ha abierto una nueva etapa después de otra de 39 años (1975 a 2014) que ha superado en tres (1939 a 1979) a la del franquismo y en la que hay que consignar novedades como la Constitución de 1978, la Monarquía Parlamentaria y la nueva organización territorial del Estado. Aprobada la Constitución, 36 años de democracia. Un largo período de libertades, no conocido anteriormente y por el que, todos, debemos congratularnos y del que como recientemente ha escrito un viejo amigo liberal, Arturo Moreno Garcerán, “es imposible ignorar la labor, la visión y el acierto que tuvieron el rey Juan Carlos y el presidente Suárez en los años de la Transición, que fueron capaces de movilizar y galvanizar la energía nacional hacia el gran proyecto colectivo de la España democrática”. Yo añadiría a la imposibilidad de ignorarlo, la conveniencia de recordarlo. Tuve algún protagonismo en aquel período y me creo autorizado para decir que aquella generación, del entendimiento y el consenso, fuimos capaces de construir un Estado democrático, de los más avanzados de nuestro entorno, en la que todos los ciudadanos supimos anteponer “el patriotismo a la ambición, el sentido de la responsabilidad al verbalismo, la competencia a la improvisación, el realismo a la utopía”. Son estas palabras de otro amigo liberal, Antonio Fontán, publicadas en 2006. El año del relevo en la monarquía en España, también ha sido el de la conmemoración del centenario de la I Guerra Mundial, que no fue sino el preámbulo de la II, ambas de triste memoria y que nos ponen en primer plano los excesos del nacionalismo y del populismo y sin que su recuerdo parezca primar en los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro país. Se insiste en la reforma de la Constitución de 1978, algo que ha sido y es normal en cualquier democracia. Se ha producido en diversos momentos en EE.UU., en Alemania, en Francia y en otras naciones sin cataclismos, pero también sin esta aspiración al adanismo que parece imponerse en España, para volver a empezar de cero, como si nada de lo conseguido merezca la pena conservarse. Pero si repasamos nuestra historia, podremos comprobar que los períodos más convulsos de ella han tenido que ver con crisis económicas y políticas e intentos de resolverlas con un trágala de unos contra otros. Personalmente, no tengo nada en contra de una reforma, pero entiendo, por la experiencia que me tocó vivir, que el clima político y económico y las actuales tensiones territoriales no es el propicio para que el cambio se haga, como lo hicimos nosotros, de la ley a la ley. El derecho a votar es consustancial a una democracia, pero ejerciendo ese derecho lo primero que se hace en una democracia es promulgar una ley máxima que regule la convivencia, incluido el derecho al voto. Una vez aprobada la Carta Magna, es ella la que marca las pautas para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y si en 1978 fuimos capaces de darnos una Constitución, mayoritariamente refrendada, la necesidad o conveniencia de cambiarla para adaptarla a nuevas exigencias, requiere un ejercicio de prudencia, para no acabar abriendo una caja de Pandora. Esta apertura exige, en mi opinión, como mínimo tres pactos: uno, político, para la regeneración democrática; otro, económico, para la creación de empleo; y un tercero, territorial para, sin perder la idea de nación, integrar el pluralismo que no se puede negarse que existe en la sociedad. Pero, quizás, esto requiera más tiempo para condensarlo y espacio para exponerlo. Entretanto, adiós al año que se nos va y que nos adelante, con esperanza, uno nuevo.