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La fiscalía tenía un precio – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

La actualidad y la dinámica políticas españolas no dan tregua ni siquiera en estos días próximos a las fiestas navideñas, y la dimisión del Fiscal General del Estado viene ahora a unirse a la cadena interminable de corrupciones, dimisiones, decisiones judiciales cuestionables y sospechosas, desprecio a las víctimas del terrorismo, mentiras y otras noticias de similar carácter que conforman nuestro día a día partidista y político. Por cierto, que Ana Mato, la dimisionaria ex ministra de Sanidad, no puede ser ministra, pero, al parecer, sí puede ser representante del pueblo español en el Congreso de los Diputados. Y no contento con tamaño dislate, y a pesar de que nos acercamos a un año electoral, Rajoy la ha recompensado con la vicepresidencia de la Comisión parlamentaria de Cooperación al Desarrollo, con mil euros más mensuales. Es de desear que esté más atenta a sus nuevas obligaciones que lo que estuvo a las ganancias ilícitas de su ex marido durante su matrimonio. Como el voto oculto del Partido Popular, que no reflejan las encuestas, no sea muy alto, su fiasco electoral está asegurado.

Eduardo Torres-Dulce ha comunicado su decisión al presidente del Gobierno, que lo nombró hace tres años. Y fuentes de la Fiscalía señalan que también ha dado a conocer su dimisión a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y a la Casa Real. Formalmente ha invocado motivos de índole personal, y ha solicitado regresar a la Fiscalía del Tribunal Constitucional, su anterior destino en la Carrera Fiscal. Se ha convertido así en el segundo Fiscal General del Estado nombrado por un Gobierno popular que renuncia a su cargo, después de Juan Ortiz Úrculo, en la etapa de Aznar. O los populares presionan más a sus Fiscales Generales o los nombrados por los Gobiernos socialistas son menos díscolos.

Porque más allá de los motivos personales que ha invocado, es evidente que en estos tres años se ha producido una creciente falta de sintonía entre Torres-Dulce y Rajoy, una falta de sintonía que ha originado tensiones y desencuentros cada vez más frecuentes. Colaboradores cercanos al dimisionario apuntan que, a su juicio, el Gobierno no ha dado el trato debido al Ministerio Fiscal. Y es público y notorio que ha mantenido soterrados pulsos con el Gobierno, tanto por la carencia de medios personales y materiales de la Fiscalía como por su rechazo a reformas legales como el Código Procesal Penal, que, en su opinión, no da a los fiscales todas las posibilidades de desarrollar su función constitucional.

Pero la circunstancia que más tensiones ha generado ha sido su empeño en imponer su criterio de actuación frente a los intereses del Ejecutivo y del Partido Popular. Y ningún Gobierno español ha tolerado a un Fiscal General decidido a salvaguardar y convertir en real su autonomía teórica. El malestar imperante entre ambas partes se hizo patente cuando Torres-Dulce no quiso parar el asunto de los papeles de Bárcenas. Y desde entonces no ha hecho más que ir en aumento. El último episodio ha sido su negativa a ajustarse a los ritmos que deseaba el Gobierno para presentar la querella contra Artur Mas. Sin embargo, su opinión sobre el uso de la Fiscalía Anticorrupción como defensora de la Infanta no está acreditada.

Al Partido Socialista le ha faltado tiempo para culpar a Rajoy de presionar al fiscal para forzar su dimisión. “Torres-Dulce ha dimitido defendiendo su independencia porque el Gobierno le ha presionado. Es absolutamente inaceptable la actitud de Rajoy con las instituciones”, declaró el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, sin querer acordarse del comportamiento de los Gobiernos socialistas con sus Fiscales Generales, Cándido Conde-Pumpido sin ir más lejos. Como era de esperar, Rajoy ha asegurado que dimite “exclusivamente por razones personales”, y ha lamentado que “pase lo que pase y suceda lo que suceda, la posición del PSOE siempre es la misma: la culpa es del Gobierno”. A su vez, el ministro de Justicia se ha permitido afirmar que el fiscal “es el primero que reitera la ausencia de injerencias”. ¿Y qué va a decir?

El ya ex Fiscal General del Estado, aparte de un buen jurista, es un gran aficionado al cine y un reconocido estudioso del séptimo arte, sobre el que ha escrito libros y artículos en revistas especializadas. Todavía se recuerdan sus intervenciones en el mítico programa de José Luis Garci ¡Qué grande es el cine!, un espacio excelente -y barato- que La 2 de Televisión Española suprimió sin dar unas explicaciones que su numerosa audiencia aún estamos esperando. El género preferido de Torres-Dulce es el western, y por eso algunos comentaristas han comparado su actual situación con Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, aunque seguro que él prefiere Centauros del desierto y La diligencia, de John Ford. La muerte tenía un precio es una película de Sergio Leone rodada en 1965 que pertenece a un subgénero considerado menor, el llamado spaghetti western. Es verdad que no es comparable a los grandes westerns, pero hasta Torres-Dulce tendrá que reconocer la relación con su caso. Porque seguir en la Fiscalía General del Estado tenía un precio. Y es un precio que el ilustre fiscal y cinéfilo no ha querido pagar.