Una grabación sin autentificar amenaza con arruinar el proceso

Imagen reciente del alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. / FRAN PALLERO

T. FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La instrucción del llamado caso Corredor es cualquier cosa menos pacífica. Tras un retraso de años justificado por el juez titular en la falta de un escáner que el presidente de la Audiencia provincial asegura que puso a su disposición y la desaparición del auto que legalizaba las escuchas telefónicas que sustentan la instrucción, la defensa de uno de los imputados, Fernando Clavijo (actual alcalde de La Laguna) ha desvelado en un recurso que las investigaciones se inician en el juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna a cuenta de una grabación ilegal.

Dicha cinta habría sido grabada por un empresario del sector del ocio sin autorización de los intervinientes en la conversación. Por si no fuera suficiente causa de nulidad, la defensa de Clavijo sostiene que la grabación ha sido manipulada y que el juzgado nunca ha realizado la pericial para demostrar semejante irregularidad. Lo cierto es que hasta ahora los incidentes en la instrucción sólo habían tenido como consecuencia práctica una dilación de la misma, circunstancia que perjudica políticamente a Fernando Clavijo, dado que es candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno autonómico justo en el intervalo en que no tendrá ocasión procesal de acreditar si es inocente o no, ya que ni siquiera ha prestado declaración.

Sustancial

Pero si sus abogados imponen su tesis sobre esa grabación ilegal originaria, la instrucción se diluiría sustancialmente, dado que es la base probatoria de las 13 imputaciones realizadas hasta ahora, entre las que se encuentran la del propio Clavijo (entonces concejal de Seguridad), otros dos ediles (Blanca Pérez y María José Castañeda), y el empresario Evaristo González.

Se les acusa de la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación.