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El dardo>

Otro fiasco más – Por Leopoldo Fernández

   

Ya aventuré el domingo que, con toda probabilidad, el Gobierno de Canarias recibiría sendos “bofetones jurídicos” tanto en el caso de la solicitud de suspensión cautelar de las prospecciones petrolíferas como si presenta una demanda penal contra las autoridades y funcionarios responsables de los informes medioambientales de los sondeos en busca de hidrocarburos en el Golfo de Valencia, Baleares y Costa del Sol, por supuesta arbitrariedad en comparación con el trato dado a Canarias. En el primer caso ya hay sentencia y, como es lógico, el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad autónoma ratifica los actos y resoluciones que dimanan del Tribunal Supremo. Y éste no irá contra sus propios actos en el anunciado recurso de casación. Como la sentencia no ha gustado nada al presidente del Gobierno canario y sus adláteres, todos ellos han sacado a colación una batería de críticas, injustas de arriba abajo, para ver motivaciones políticas en el fondo del asunto. Sin embargo, la sentencia no puede ser más clara, ni más fuerte el varapalo que recibe el Ejecutivo autonómico por el absurdo de pretender la paralización de unas prospecciones que gozan del exigible amparo administrativo y jurídico. Todo el proceso, dice el tribunal, se ha atenido a los procedimientos reglados existentes. A falta de mejor argumento, el Gobierno de Canarias acude al derecho al pataleo, abunda en argumentos políticos y en absurdos devaneos de si son mas importantes los intereses de las Islas que los de Repsol o si los informes de impacto ambiental no son suficientemente rigurosos. Aquí lo único que puede juzgar un tribunal, en este caso el Superior de Justicia canario, es si todo lo actuado ha sido conforme a Derecho, y parece obvio que así ha sido desde el principio. La propia sentencia recalca los términos “estrictamente jurídicos” a que se atiene su resolución. Pero la obcecación y el alarmismo victimista, como viene a denunciar la sentencia, no suelen ser buenos consejeros; de ahí el estrepitoso fracaso de todos los recursos judiciales y administrativos planteados hasta ahora. Cuando lo inteligente sería reconocer el error y rectificar, el Gobierno persiste en la confrontación, la presentación de nuevos recursos judiciales y la pérdida de tiempo y dinero. Así le va.