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Otro triste aniversario – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

El año pasado por estas fechas un curioso y amable lector nos preguntaba por qué no habíamos dedicado nuestro artículo a la Constitución española, cuyo aniversario se acababa de celebrar. Parecía obligado, pero no era la primera vez que lo hacíamos: hay silencios estruendosos. Y la razón de nuestro silencio fue muy simple: no queríamos participar -ni tampoco queremos hacerlo hoy- en los elogios retóricos al uso y en las conmemoraciones constitucionales de cartón piedra, que enmascaran el hecho evidente de que la Constitución ni se cumple ni se respeta, y, en demasiadas ocasiones, sirve de coartada para que unos partidos defiendan sus intereses partidistas y apuntalen su guerra particular con otros partidos. Por si fuera poco, los acontecimientos catalanes han puesto de manifiesto que el Gobierno español no está en condiciones de cumplir ni hacer cumplir la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico y las sentencias de los Tribunales.

Y que frente a una marea humana no hay Derecho ni Constitución que valga. Porque lo ocurrido con la consulta catalana sucede también con las huelgas generales que se convocan en este país por nuestros inefables sindicatos, convertidos en grupos salvajes de presión; en las convocatorias de rodear el Congreso; en los llamados escraches e intentos de agresión a políticos; y en las demás variadas actividades antidemocráticas, inconstitucionales e ilegales a que nos solemos dedicar los españoles. Es una lamentable situación que se resume en que al acto institucional de Estado, que tradicionalmente se celebra en el Congreso de los Diputados, solo suelen asistir unos pocos presidentes autonómicos, la mayoría del Partido Popular. El presidente catalán y el vasco nunca lo hacen, y, por su parte, los socialistas asisten cuando gobiernan, por ejemplo en tiempos de Rodríguez Zapatero. No está de más recordarles a todos ellos que los presidentes autonómicos ocupan un cargo que existe gracias a esa Constitución que no celebran, y que, en los casos catalán y vasco, incluso incumplen y combaten. Por no citar la ausencia de la bandera constitucional española en sus instituciones. Y luego se permiten responsabilizar al Estado de una ruptura que está en la base de sus ideas y su acción políticas; responsabilizar al Estado de una falta de lealtad institucional que les hace usar la Constitución, el Estatuto y las leyes como meros instrumentos de usar y tirar. Mientras tanto, la última encuesta de intención de voto, a un año de las elecciones generales, una de Sigma Dos para El Mundo, sitúa a Podemos en primer lugar con un 28,3% de los votos, cuatro veces más que los obtenidos en las pasadas elecciones europeas, por delante del 26,3% del Partido Popular y del 20% del PSOE, que, como era de esperar, pierde la batalla de la izquierda pese al radicalismo impostado de su actual líder. Encuestas aparte, resulta evidente que los populares van a retroceder significativamente en las próximas convocatorias electorales. En las elecciones locales y autonómicas corren peligro, incluso, de que se les escapen algunas plazas aparentemente seguras, y en las generales van a perder la mayoría absoluta y, en el mejor de los casos, obtener una victoria muy ajustada, que no les permitirá gobernar salvo con la benevolencia socialista. De Podemos no pueden esperar nada, por supuesto. Debido a eso, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ya se ha apresurado a lanzar una primera petición de socorro y ha declarado que contemplarían una coalición con los socialistas si no obtuvieran mayoría absoluta.

El PSOE ha respondido con arrogancia descartando cualquier alianza. César Luena, su secretario de Organización, ha negado repetidamente la posibilidad de un pacto, y Pedro Sánchez ha puntualizado que: “Algunos quieren ser como el PSOE y otros quieren pactar con él”. Cuando tenga que optar entre apoyar al Partido Popular o suscribir un abrazo mortal con Podemos, a lo mejor no dice lo mismo. Rajoy ha ratificado en esta legislatura su condición de mal político y peor líder, y ha dilapidado en solo tres años una mayoría absoluta que, bien administrada, le hubiera permitido vencer en un par de elecciones generales más. Víctima del eterno complejo de la derecha española y de su consejero áulico Pedro Arriola, ha ignorado a sus votantes naturales con el argumento miserable de que son votantes cautivos que no tienen otra opción que votarle como mal menor, y, a cambio, ha intentado ganarse infructuosamente a un electorado que está fuera del alcance de su partido. Por otro lado, y al igual que le ocurrió a Rodríguez Zapatero, los mercados le han obligado a adoptar políticas de austeridad muy impopulares, que, además, no ha sabido vender a los españoles. En ese sentido, también ha sido víctima de su vicepresidenta y portavoz gubernamental, Soraya Sáez de Santamaría, una mala comunicadora y nefasta portavoz. A pesar de todo, hay que reconocerle a este Gobierno una sustancial mejora de la economía española en términos macroeconómicos e, incluso, síntomas esperanzadores en cuanto a la demanda efectiva, el consumo y la inversión, y hasta en las cifras de empleo. Y las perspectivas a medio plazo son halagüeñas. Pero es probable que Rajoy las disfrute desde la oposición.