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La regeneración, única fórmula para salvar el sistema – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

El primer mensaje navideño del rey Felipe VI, dicho a los seis meses de su acceso a la Jefatura del Estado, ha sido analizado con detalle, desde su formal puesta en escena hasta los gestos, el lugar de la grabación y el olvido de su hermana Cristina, metida de lleno en el caso Nóos e imputada por el juez José Castro. Lo cierto es que, a mi juicio, no se vio defraudada la expectación que había despertado la intervención real, de apenas doce minutos y medio de duración, que elaboró su equipo asesor y supervisó, como es habitual, el Gobierno de turno. La intervención real me pareció cuidada, cercana, sensata, prudente, correcta y medida, acaso demasiado formal en algún momento. Se ciñó a las cuestiones más esperadas por la ciudadanía -la corrupción, el problema catalán, la crisis económica con sus secuelas de desempleo y empobrecimiento, la vigencia de la Constitución del 78 y la imprescindible regeneración política- y concluyó con un mensaje de esperanza con el futuro y la idea de “poner al día y actualizar el funcionamiento de nuestra sociedad democrática”, lo que puede interpretarse como un apoyo explícito a la revisión de la Carta Magna.

Creo que acertó don Felipe al fijar los grandes objetivos nacionales del momento: “Regenerar la vida política, recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, garantizar nuestro Estado del Bienestar y preservar nuestra unidad desde la pluralidad”. Pero la frase diez, la más comentada, ha sido la siguiente: “Necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable” porque “pocos temas suscitan una opinión tan unánime”; en consecuencia, subraya que “debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción” y “evitar que esas conductas echen raíces en nuestra sociedad y se puedan reproducir en el futuro”. Estas afirmaciones reales parecen apuntar a la incalificable ceguera de PSOE y PP, que siguen creyendo con total ingenuidad que las medidas que han puesto en marcha son suficientes para erradicar la falta de honradez e integridad moral que acosan a ambos partidos, al poder establecido y a importantes sectores de la sociedad española, que -en palabras de don Felipe- necesita “estar segura de sus gobernantes y sus instituciones”; de que “el dinero público se administra para los fines legalmente previstos”; de que “no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública” o que “desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse”.

Transparencia Internacional apunta que las prácticas deshonestas son moneda común en todos los países y a todos los niveles gubernamentales, políticos, sociales y económicos, con independencia del sistema político vigente, democrático o autoritario. La corrupción es un problema de todos porque se manifiesta de múltiples formas: privatizaciones públicas, adjudicaciones, compras de bienes y servicios, recalificaciones de terrenos rústicos a urbanos, grandes obras públicas, concesiones administrativas, nombramientos, el pago de sobornos y comisiones, tráfico de influencias, transfuguismos, despilfarros, utilización sectaria de las instituciones, falta de transparencia, financiaciones ilegales, amiguismos, enriquecimientos ilícitos, ayudas públicas mal empleadas u otorgadas indebidamente, cohechos, regalos, etc., etc. El Banco Mundial considera que el total de las sumas distribuidas anualmente por sobornos o pagos no declarados supera los 250.000 millones de dólares en lo que puede considerarse la parte visible del enorme iceberg de la corrupción.

Principales culpables
Hasta fechas recientes, en España no se ha reaccionado con la diligencia debida, ni por los representantes públicos ni por la sociedad misma, pese a saber que es precisamente su conexión con la política lo que hace de la corrupción un modo de actuar deleznable por sus encubrimientos, ocultaciones y opacidades, al margen de la ley. Como se lleva a cabo entre quienes adoptan las decisiones y quienes se llevan las ventajas, es relativamente fácil mantener los actos corruptos en secreto, sin que por ello la mayoría de las veces se puedan reprimir con eficacia y determinación.

El Tribunal de Cuentas reconoció en su día que España carece de “falta de regulación” y de “fiscalización suficiente” contra la corrupción, lo que inevitablemente “permite un margen de discrecionalidad no siempre acorde con la protección del interés público”. ¿Qué han hecho desde la Transición los dos grandes partidos, PP y PSOE, junto con CiU y PNV, éstos convertidos en muletas imprescindibles para mantenerse aquéllos en el poder si no tenían mayoría suficiente para gobernar? Lo diré en pocas palabras: controlar y repartirse a su antojo todos los resortes y poderes del Estado, mezclar política con intereses empresariales, dar alas a los nacionalismos considerados históricos y, como ya reconocen algunos estudiosos, empobrecer la calidad democrática del sistema con listas cerradas y bloqueadas, la aplicación de la ley d’Hondt, el sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo y negar o taparse durante decenios las respectivas corrupciones.

Ha tenido que aparecer Podemos para hablar de “casta” y denunciar los tejemanejes y vasos comunicantes de intereses de las formaciones políticas que han ocupado la centralidad del sistema durante casi 40 años y han consolidado una partidocracia que todo lo contamina. Quizás ha exagerado algunas cosas, pero no le falta razón al partido de Pablo Iglesias cuando habla de ciertas realidades indeseables que el tiempo va sacando a la luz y que se encontraban instaladas en el corazón del sistema. Un sistema huérfano durante demasiado tiempo de una ética pública de la responsabilidad y la transparencia -que, para ser eficaz, ha de ser correlativa de la privada-, a la que con razón apelaba el rey en su mensaje, ya que al fin y al cabo los políticos no son sino servidores del Estado y de la comunidad. Basta recordar lo que sucede en el entorno de la Casa Real, el Poder Judicial, lo altos tribunales, las distintas administraciones, los partidos políticos, las patronales, los sindicatos, etc. para comprobar la amplitud del fenómeno de la corrupción.

Soluciones urgentes
Como ha dicho el profesor José Manuel Urquiza, la corrupción política es, con mucho, el problema más grave de que adolece la democracia española, porque corroe sus cimientos y puede hundirla. Siendo éste el principal y deleznable delito que puede cometer un representante público, lo sensato sería que los dirigentes del partido correspondiente lo apartaran inmediatamente de sus responsabilidades públicas y se prestaran a ayudar a las autoridades judiciales a aclarar y resolver en el ámbito penal el asunto de que se trate. Después, si se establecieran responsabilidades penales, habrían de expulsar del partido al político condenado y pedir disculpas a la ciudadanía por haber confiado en un trápala al postularlo para un cargo institucional. Esto sería lo lógico, pero los dirigentes partidistas, muy al contrario, han preferido permanecer, durante años, ciegos y sordos, a justificar la tropelía cometida por el político pillo, a arroparle contra la legítima indignación de los ciudadanos y, en muchos casos, a apoyarle vergonzosamente. Si de verdad se desea una auténtica regeneración de la vida pública nacional, es urgente elevar sensiblemente las penas de los delitos vinculados a la corrupción en todas sus formas e incluso considerarlos de similar gravedad que los de terrorismo. Y si es preciso, crear tribunales especiales, decretar la no prescripción de estos delitos y fijar responsabilidades especiales, como la devolución de lo robado, la incautación por el Estado del patrimonio propio y de los sueldos o ganancias de cualquier tipo, la ausencia de beneficios penitenciarios y redención de penas durante el tiempo que dure la condena, la extensión de la responsabilidad a los partidos en determinados supuestos, crear grupos policiales especializados en la lucha contra la corrupción, etc., etc. Sólo así podríamos pensar en combatir eficazmente la corrupción… aunque nunca faltarán los corruptos.