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Simplificar para avanzar – Por Fernando Clavijo Batlle

   

Una de las asignaturas pendientes para el desarrollo definitivo del Archipiélago canario y el despegue de nuestra economía es acabar con la maraña burocrática con la que se topa de frente todo aquel que tiene la intención de invertir en nuestro suelo. He manifestado, no pocas veces, que hemos de ser realistas y críticos: sobran normas, que a veces son, incluso, contradictorias, y falta sentido común. Es necesario, además, un Parlamento que se acerque, de verdad, a los ciudadanos y tenga como prioridad resolver sus problemas inmediatos y atender a sus inquietudes, lo que no pasa, desde luego, por seguir aprobando leyes y normativas que se solapan y, con frecuencia, se contradicen entre sí, creando inseguridad jurídica y el efecto contrario al que se pretende y se necesita con urgencia: despegar económicamente. Este equipo de hombres y mujeres de Coalición Canaria que estamos trabajando para gobernar en 2015, estamos empeñados en que se entienda una propuesta que creemos de enorme importancia para crear empleo y no seguir estancados en una situación insostenible. Es una cuestión de matemáticas. Sin actividad económica no hay recaudación impositiva y sin el dinero de los impuestos no se puede mantener el Estado del Bienestar. Y la principal medida que creemos que se debe tomar es la de resolver uno de los mayores retos que tiene la Administración: el planeamiento del suelo. La actividad económica se desarrolla en un espacio físico concreto, pero carece de mecanismos ágiles que se adapten a los nuevos tiempos y a una economía altamente cambiante y globalizada, de modo que no podemos generar el crecimiento económico que deseamos. Por eso, nuestra intención es lograr que la Administración, del rango que fuere, entorpezca lo menos posible, es decir, que ponga el menor número de trabas a los inversores. Porque hemos convertido la tramitación de expedientes en una carrera de obstáculos que nos ha alejado de la realidad. En estos momentos, catorce años después de aprobarse el Texto Refundido de la Ley del Territorio, tan solo 31 de los 88 municipios de Canarias cuentan con un planeamiento aprobado. Esa cifra deja claro que algo estamos haciendo mal. Así es imposible captar inversión para el desarrollo de iniciativas interesantes. Si queremos lograr que exista actividad económica debemos permitir que ocurran cosas en nuestro suelo. Y, ahora, eso no es posible. Esto no quiere decir, en ningún caso, que se apueste por un desarrollismo fuera de control, ni que se toque el suelo protegido de Canarias, que incluso creemos que se debe aumentar, si fuera necesario, puesto que es un activo turístico y medioambiental. Pero tenemos un amplio porcentaje de espacios urbanos, consolidados o por desarrollar en los que no se puede trabajar simplemente por un problema de gestión del suelo, y debemos acabar con esta situación. Estamos obligados a dar seguridad jurídica a las empresas en lo que se refiere a la ocupación del suelo, pero, en lugar de ello, tenemos un sistema bifásico, con una administración proponiendo y otra aprobando, lo que obliga a trámites que se alargan en el tiempo y que obligan al ciudadano a pasar, para gestiones casi idénticas, por demasiadas ventanillas. Los planeamientos se eternizan a la espera de aprobaciones definitivas que tardan años en materializarse. El planeamiento debe ser una herramienta ágil y útil, que permita adaptarse a las necesidades de cada momento, que pueda modularse para generar actividad en momentos de recesión económica o para contenerla en momentos de bonanza. Por ello, creemos que la engorrosa maraña administrativa que sufrimos debe empezar a desenredarse por ese cabo que es la gestión del suelo. Algo hemos avanzado con la Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio, es cierto. Pero no es suficiente. Debemos terminar con ese sistema bifásico que no da resultado. Deben ser, en nuestra opinión, las administraciones locales, los ayuntamientos, los que tengan la potestad no solo de decidir su planeamiento sino también de aprobarlo. Es posible articularlo así. De esta forma, la Comunidad Autónoma marca las directrices, los cabildos los planes insulares y los ayuntamientos sus planes generales, previa emisión de un informe preceptivo y vinculante de las administraciones superiores en los ámbitos que les competen. Con ello se ganaría tiempo y seguridad jurídica. Y eso significaría ser más ágiles y competitivos. Y no es un paso complicado. Es una decisión sensata que conlleva multiplicar esfuerzos para lograr acuerdos políticos, pero que tan solo requiere de una modificación de la actual Ley del Territorio. Y este es un compromiso prioritario, que se ejecutaría en el primer año de mandato si los ciudadanos nos dan su confianza. Porque el momento es ahora. Y hay cosas por las que este pueblo no puede seguir esperando.

*Candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias