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Argentina: justicia y verdad – Por Esther Esteban

   

El 18 de julio de 1994 un conductor suicida empotró su coche, repleto de explosivos, en la sede de la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires. 85 personas fueron asesinadas y más de 300 resultaron heridas en el mayor atentado antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. Alberto Nisman, nombrado fiscal especial para esta causa, acusó a Irán de ser el autor intelectual del atentado y a Hizbula de ejecutarlo. Hace dos años, sin que el fiscal fuera informado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a un acuerdo con la república islámica y desde entonces el fiscal la ha acusado de pactar la libertad de los acusados para, según dijo, “saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos”. El asunto es que, casualmente, un día antes de formular su acusación ante la cámara de diputados y presentar las pruebas de su denuncia, el fiscal apareció muerto en su casa de un disparo en la sien y aunque inicialmente se ha querido presentar como un suicidio, las primeras investigaciones aclaran que no se han encontrado restos de pólvora en las manos, por lo que difícilmente pudo dispararse el mismo.

El asunto, demasiado feo, oscuro y turbio ha disparado todas las alarmas no sólo en Argentina sino en todo el mundo y puesto bajo sospecha a los aledaños del poder. Las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero y han actuado una vez más de como altavoz de las voces críticas, muchas de las cuales han apuntado directamente al asesinato de Estado. Las acusaciones son tan graves que intentar siquiera echar tierra sobre el caso que ha provocado un auténtico terremoto político en Argentina, sería un error de imprevisibles consecuencias.

Nisman vivía en un edificio con seguridad privada en un barrio exclusivo de Buenos Aires y tenía 10 escoltas de la policía Federal, por lo que no era fácil cogerle sin protección. “Me estoy jugando la vida. Van a venir a por mí. Yo puedo salir muerto de esto”, había declarado el fiscal al diario Clarín unos días después de hacer pública su acusación contra la presidenta y alguno de sus colaboradores. Desgraciadamente, su premonición ha sido cierta, y tal vez por eso sonó tan impostada la carta que Cristina Kirchner hizo pública -después de que la madre del fiscal lo encontrara muerto en su casa- donde manifestaba su estupor y los interrogantes por la muerte: “¿Qué fue lo que lleva a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida?”, se preguntaba la presidenta, sosteniendo como válida la tesis de un suicidio que la opinión pública no acepta. Ahora la pregunta clave es ¿suicidio o asesinato político? Y la respuesta debe ser clara, precisa, contundente, fruto de una intensa investigación oficial en la que deben rendirse cuentas. Argentina, tan dolorida en el pasado por la actuación delictiva de los poderes del Estado no se puede permitir de nuevo episodios de este tipo.

Nisman era plenamente consciente de que su cabeza tenía precio. Tal vez por eso Jorge Lanata, uno de los periodistas más duros contra el gobierno argentino, en una entrevista publicada en El Mundo, decía abiertamente que “este no sería el primer suicidio inducido en Argentina. En la época de Carlos Menem ésta era la manera más común de hacer desaparecer a los testigos” e insistía en que “no hay indicio alguno que haga verosímil la tesis del suicidio”.

Sea como fuere el mandato de la presidenta, no puede concluir sin que este caso se aclare por completo. Si ha habido guerra sucia y no se investiga hasta el último detalle puede ser una bomba de relojería que le estalle en las manos a la señora Kirchner y le persiga más allá de su permanencia en el poder. ¡Justicia y verdad para el fiscal que no tuvo miedo y se enfrentó a los poderosos!