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Canarias se plantea acudir a la justicia para no aplicar la LOMCE

   
La viceconsejera Manuela Armas, durante la rueda de prensa junto a los dirigentes de Andalucía y Asturias. | DA

La viceconsejera Manuela Armas, durante la rueda de prensa junto a los dirigentes de Andalucía y Asturias. | DA

J. L. C. / EP | Santa Cruz de Tenerife / Madrid

El frente común que han formado Canarias, Andalucía y Asturias contra la reforma de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) parece seguir dispuesto a no dar su brazo a torcer y están decididos a llegar hasta el final para evitar la definitiva implantación de la reforma educativa en ESO y Bachillerato.

Ayer, además, los representantes de las tres comunidades autónomas citadas que acudieron a la reunión con el Ministerio se mostraron muy críticos con la gestión de José Ignacio Wert, al que calificaron de “prepotente” y “desleal”. En este sentido, la viceconsejera de Educación del Ejecutivo canario, Manuela Armas, recordó que en diciembre se solicitó al ministro la retirada del real decreto del currículo básico de ESO y Bachillerato, “pues Wert lo llevó a la aprobación del Consejo de Ministros sin que las comunidades autónomas conocieran previamente el texto definitivo, con lo que ha incumplido el artículo 3 del reglamento de funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Educación”.

Para Armas, la actitud de Wert ante las sucesivas llamadas al diálogo de las comunidades autónomas no es una sorpresa, “pues acostumbra a salirse con la suya por la puerta de atrás y sin contar con los sectores que se ven afectados por sus decisiones”. La viceconsejera anunció, asimismo, que Canarias podría recurrir ante los tribunales este real decreto, por la vulneración del reglamento de la conferencia, “que es una manifestación más de la deslealtad institucional del Gobierno de Rajoy. Aún así -continuó-, nosotros no renunciamos al diálogo y seguimos confiando en que tarde o temprano el Gobierno del Estado entrará en razón”.

Por otra parte, Manuela Armas criticó igualmente el “tremendo caos” generado por el Ministerio respecto a la prueba de evaluación de diagnóstico en tercero de Educación Primaria. “Los estudiantes a los que se va a evaluar llevan sólo unos meses con la LOMCE. ¿Qué resultado cree el ministro que va a lograr haciendo la prueba este curso? Además, cada comunidad está actuando según su criterio, por lo que no va a haber una prueba y un resultado homogéneos. Lo razonable es que todo el alumnado sea tratado bajo los mismos criterios y de la misma manera, si no, es imposible definir un nivel estatal”, destacó.

“No entendemos el empeño del ministro y del PP en hacer la prueba este curso, es una contradicción”, expresó Armas, que añadió que el criterio que aplicará la Consejería en el Archipiélago es hacer únicamente una evaluación muestral.

Tras la reunión de la Sectorial, la secretaria de Estado de Educación, Cultura y Deporte, Montserrat Gomendio, aseguró que las comunidades autónomas han tenido tiempo para aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa en los niveles de ESO y Bachillerato en el curso 2015-2016, y aseguró que “no entiende” que el Archipiélago, junto a Andalucía y Asturias, soliciten un retraso en la aplicación de la LOMCE. Según Gomendio, a todas las comunidades se les entregó un borrador “prácticamente definitivo” de los currículos de ESO y Bachillerato a finales de octubre. Además, la secretaria de Estado volvió a defender la prueba de evaluación en tercero de Primaria.

Al respecto, Manuela Armas hizo otro llamamiento al “diálogo y la razón” y dictaminó que para evitar “males mayores”, bastaría con “derogar las normas que han facilitado la pérdida de más de 9.000 millones de inversión educativa y suspender la aplicación de los reales decretos que modificarían el currículo de las enseñanzas correspondientes a Secundaria”.

Las vacantes por cuerpos, el 23 de enero
La Mesa Sectorial de Educación donde se debe definir la distribución de las vacantes por cuerpos y especialidades de las oposiciones, se celebrará el viernes 23 de enero, según confirmaron fuentes sindicales a este periódico. Estas mismas fuentes se mostraron contrariadas por cómo ha procedido el departamento que dirige José Miguel Pérez, que oferta un total de 344 plazas. Antes de que eso ocurra, sin embargo, las organizaciones sindicales exigen que se renegocien las listas de interinos y que se incluyan medidas de estabilidad.

Anpe, por ejemplo, insta a la Dirección General de Personal a que planifique, “de una vez por todas”, una apertura gradual de las listas de empleo, priorizando aquellas que precisen con urgencia la incorporación de nuevos titulados para atender las necesidades de la enseñanza pública en las Islas. En la misma línea se manifiestan desde Insucan, quienes exigen que los interinos con experiencia docente en una especialidad permanezcan en esta si se presentan a las oposiciones de otra especialidad en la que tengan experiencia docente.