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Consideraciones sobre el REF (I) – Por José Segura Clavell

   

Hace unos días, concretamente en la sesión plenaria del 20 de enero en el Congreso de los Diputados, se produjo la convalidación del Real Decreto-Ley 15/2014, del 20 de diciembre pasado, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que curiosamente ha venido siendo conocido como el “nuevo REF de Canarias”, que en realidad ni es nuevo, dado que fundamentalmente se mueve en una línea continuista manifiesta, ni es un proyecto de desarrollo económico y que deja para otra ocasión posterior el proyecto económico de desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Se convalidó por una amplia mayoría de más de 300 votos favorables, dado que contó con los votos de los grupos parlamentarios popular, socialista, de nacionalistas vascos y catalanes, la abstención de UPyD, el de los dos del Grupo Mixto de CC y de NC y el voto en contra de IU plural.

Parece razonable que expliquemos a nuestros conciudadanos el porqué de este Real Decreto-Ley que modifica la Ley 19/1994 en la que se regulaban diversos incentivos fiscales aplicables tanto a la imposición directa como a la indirecta, que de acuerdo con el Derecho Comunitario tienen la consideración de “ayudas de Estado” y en consecuencia debían adecuarse a la normativa comunitaria cuya vigencia alcanzaba hasta el 31 de diciembre de 2013 en paralelo con la del mapa de ayudas estatales de finalidad regional que se aprobó para España para el periodo 2007-2013. En suma había que garantizar la supervivencia de las “ayudas de Estado” y procurar su adecuada calificación.

Lamentablemente la demora en la aprobación de las Directrices sobre las ayudas de Estado sobre finalidad regional para el período 2014-2020 y del importante reglamento (UE) 651/2014 con el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior que se conoce como Reglamento General de Exención por Categorías, el reino de España tuvo que solicitar la prórroga para el ejercicio 2014 de los antedichos incentivos a lo que accedió la Comisión a finales de 2013, como así se ha hecho para las restantes Regiones Ultraperiféricas, tal como hemos comprobado en los informes de subsidiariedad que preceptivamente ha emitido la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Españolas.
Consiguientemente, al finalizar el último día del pasado año el plazo adicional que nos concedió la UE, se nos obligaba a modificar la normativa del REF para el período 2015-2020 con el objeto de adaptarlo a las modificaciones dictadas o negociadas con las autoridades comunitarias (documento al que no hemos tenido acceso) por parte de los negociadores gubernamentales españoles. Esta y no otra es la razón de la premura con la que in extremis el Consejo de Ministros aprueba a finales del pasado año el Real Decreto-Ley 15/2014 y que a pesar de haber entrado en vigor a comienzos del presente año, preceptivamente ha tenido que ser objeto de convalidación por el pleno del Congreso de los Diputados, que al no tratarse de un Proyecto de Ley termina en ese acto su escasa tramitación parlamentaria en el Congreso y lamentablemente no se remite al Senado, que es la Cámara Parlamentaria que también debería ser oída y en la que a los senadores canarios que representan a la Comunidad Autónoma y los que lo hacen a cada una de las islas se les imposibilita e impide el lícito ejercicio de participación y la emisión de criterio al respecto.

El Real Decreto-Ley consta de un artículo único con el que se modifican diversas disposiciones de la Ley 19/1994 del REF de Canarias, incorporando modificaciones que afectan a la regulación de la Reserva para Inversiones en Canarias y de la Zona Especial Canaria (ZEC), añadiendo por vez primera la deducción por inversiones en territorios de África Occidental y por gastos de propaganda y publicidad. Anteriormente hemos manifestado que el “nuevo REF” se mueve en una línea continuista por cuanto no sufre cambios la regulación relativa a la aplicación del régimen de deducciones por inversiones incrementadas en Canarias contenidas en la Ley 20/1991 ni tampoco en la relativa a la deducción por inversiones en activos fijos.
En la pasada legislatura de las Cortes Generales, en representación del grupo parlamentario socialista a propuesta de quien suscribe el presente artículo periodístico, se constituyó una ponencia en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea, que durante algo más de un año debatió y escuchó las aportaciones de un elevado número de cualificados comparecientes ante la misma con cuyas aportaciones se elaboró un texto que posteriormente se aprobó por unanimidad en la referida Comisión y en el Pleno del Congreso y resultó objeto de publicación. Se trataba de un informe sobre las Regiones Ultraperiféricas en la Unión Europea del que de entre sus múltiples aportaciones se hacían razonables recomendaciones, algunas de las cuales reproduciremos a continuación.
Se comenzaba con una afirmación en la que la Comisión Mixta de la Unión Europea de las Cortes Generales se proponía hacer un detallado seguimiento del proceso de elaboración de un nuevo paradigma, así como de la ampliación hacia una estrategia general de las Islas Canarias, en la que se definiese una colaboración coherente entre las decisiones del ámbito comunitario y el español, complementariedades que tienen que ver también con el régimen económico y fiscal de Canarias y su posible adaptación a los nuevos modelos de crecimiento económico. Se afirmaba textualmente que la autorización de la posibilidad de concesión de ayudas de Estado a las RUP independientemente de sus niveles de renta, prevista expresamente en la letra a) del apartado 3 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, supone una garantía de continuidad para el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y en particular para las medidas de fiscalidad directa, al configurarlo como una ayuda de Estado y supone también un importante soporte jurídico a la posibilidad de establecer cualquiera otra ayuda dirigida a paliar o compensar cualquiera de las situaciones desfavorables propias de la ultraperificidad.

La calificación como “ayudas de Estado” de las medidas fiscales recogidas en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, deviene de la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal de justicia de la Unión Europea, que establece que para que una medida fiscal pueda ser calificada territorialmente no selectiva y por tanto no ser considera ayuda de Estado, ha de tratarse de una decisión adoptada por una entidad que goce de autonomía respecto al Gobierno del Estado miembro. Además esta autonomía -determina el tribunal de justicia europeo-, debe ser entendida en una triple vertiente: autonomía institucional, autonomía procedimental y autonomía económica.

La posibilidad de que la comunidad autónoma de Canarias asuma esta autonomía de la que hoy en día carece -institucional, procedimental y económica- respecto del Estado miembro, requiere la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el marco de los procedimientos constitucionalmente previstos por lo que hoy carecemos de la capacidad a la que hace referencia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por ello afirmo que en los últimos años se ha perdido la oportunidad de la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias que razonablemente se impulsó en anteriores legislaturas autonómicas, con el que tendríamos el nivel que exige el tribunal de justicia europeo y con el que garantizaríamos la perdurabilidad de las ayudas fiscales que con el Real Decreto-Ley al que estamos haciendo referencia solamente algunas de ellas se garantizan hasta el año 2020 y otras de la ZEC hasta el 2026. La razonable secuencia hubiera sido, en primer lugar, la modificación del Estatuto de Autonomía con los precisos niveles a los que hemos hecho referencia y con él en vigor se elevaría la “plataforma” sobre la que sustentar con carácter perdurable las ayudas fiscales que sin embargo con el Estatuto actual solamente nos son concedidas por períodos relativamente cortos.