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El derribo del mamotreto distancia a CC del PSOE y lo acerca al PP

   
Los concejales José Ángel Martín (PSOE), José Alberto Díaz-Estébanez (CC), Manuel Fernández (PP) y Guillermo Guigou (CDS), ayer, durante la celebración del pleno. / FRAN PALLERO

Los concejales José Ángel Martín (PSOE), José Alberto Díaz-Estébanez (CC), Manuel Fernández (PP) y Guillermo Guigou (CDS), ayer, durante la celebración del pleno. / FRAN PALLERO

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz) inició la jugada y el PSOE , conscientemente o no, entró en el juego. Ayer, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Cruz, el socialista José Ángel Martín, tensó un poquito más el pacto que mantiene con Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y lo hizo votando a favor en el pleno de tirar ya el edificio de aparcamientos a medio terminar en Las Teresitas (mamotreto) y de destituir a los funcionarios condenados. Más tarde aclararía a los periodistas que su voto iba en el sentido de que se cumplan las sentencias judiciales en los términos que establezca el juzgado, que es lo que Guigou leyó como aportación a los dos puntos principales de su moción. “Se votan acuerdos y eso es lo que voté, el acuerdo de hacer cumplir la sentencia”. Como era de esperar, CC mostró su malestar a través de su portavoz, José Alberto Díaz-Estébanez, quien acusó a algunos de “tener voluntad de confundir”. CC votó en contra de esta moción acompañado por el PP, lo que permitió que fuera rechazada.

Una vez terminado el pleno, tanto PSOE como CC defendieron que no había riesgo para el pacto. Martín insistió en que “hemos votado el cumplimiento estricto de la sentencia en todos sus términos”, para añadir que “esto es simplemente un ejercicio de democracia importante. Respetamos la posición de CC y pedimos que ellos respeten la del PSOE en Santa Cruz. A partir de ahí, mucha tranquilidad”.

José Alberto Díaz-Estébanez se expresó en términos similares aunque matizó que “entiendo que no se ha puesto en riesgo el pacto, que seguimos perfectamente de acuerdo en nuestra voluntad, a menos que , don José Ángel Martín haya cambiado de opinión con respecto a esos otros dos puntos que aparecen en la moción de Guigou”. Añadió que “si él reitera que estaba en la confianza de que sólo se votaba la parte de cumplimiento de la sentencia, no hay problema. Ahora, si ha cambiado de criterio y está votando lo otro, el que ha cambiado es él porque esta misma moción se ha presentado en más ocasiones y se ha rechazado”.

Legalizarlo todo
Esta diferencia de voto entre unos y otros hizo que, en la segunda moción sobre el mamotreto, la que presentó el popular Manuel Fernández instando a su legalización, fueran más prudentes y se optara por votar uno a uno los puntos, hasta seis, que conformaban la moción. En el primero Fernández apuntaba la la voluntad de cumplir con las sentencias judiciales; en el segundo pidió respaldar la solicitud municipal de que Costas redefina el deslinde la playa (la nueva Ley de Costas podría sacar al edificio de la zona de servidumbre pública); el tercer punto sirvió para pedir el envío al juzgado del informe de la Consejería de Política Territorial sobre los usos permitidos del edificio; en el cuarto, el edil popular pidió que se dé cuenta del informe de Urbanismo al juzgado; en el quinto señaló que se exprese la voluntad política de conservar el edificio fuera de servidumbre si así fuera posible y, por último, que se consulte al juzgado si los usos del edificio son autorizables en servidumbre pública.

Apoyos
En la moción popular, CC apoyó los cinco primeros puntos y rechazó el último. El PSOE rechazó los dos últimos puntos, se abstuvo en el segundo y el tercero y votó a favor de respetar la sentencia y de enviar el informe de Urbanismo al Juzgado. Sí se puede votó en contra del tercero, cuarto, quinto y sexto puntos y se abstuvo en los dos primeros. En medio de la discusión de si se votaba en bloque o no, Ciudadanos abandonó el pleno para, dijo, “no formar parte de esta farsa”.

Tanto en la primera moción como en la segunda, Guigou advirtió a los concejales que votar en contra de que se cumpla una sentencia judicial era susceptible de ser denunciado y que estudiaría las medidas legales que se derivaran de esa votación.

El edil de Ciudadanos recibió el apoyo de XTF, cuyo representante, José Manuel Corrales, señaló que no quedaba otra cosa que derribarlo “porque es cosa juzgada y el juez así lo hará ver”. También Sí se puede, a través de Pedro Fernández Arcila, apoyó el derribo, para recordar cómo, aunque su grupo no estaba en el Ayuntamiento cuando se inició la construcción del mamotreto, él mismo inició distintos procedimientos relacionados con Las Teresitas que acabaron en la vía penal al ejercer como abogado de ATAN.

Guigou insistió en sus intervención en leer la parte del informe de Urbanismo en la que se señala que el mamotreto es “ilegal e ilegalizable”, lectura que fue respondida por Díaz-Estébanez a su vez leyendo el párrafo en el que se plantean dudas sobre si hay alguna parte legal y pide aclaración al juzgado.

Fernández (PP) defendió que la postura de su partido es “defender el interés general, de una obra pública, en suelo público y con uso público”, recordando que se han gastado más de 10 millones de euros “que no se pueden tirar”. También llamó la atención sobre el hecho de que el edificio de aparcamientos viene recogido en la ficha del PGO correspondiente al área de Las Teresitas. Extremo este que fue rebatido por Martín, quien dijo que esa descripción era meramente indicativa, sin vinculación legal alguna porque es el Plan Especial el que definirá los usos futuros de la parcela.

“Siempre se cumplirá el fallo”

El alcalde, José Manuel Bermúdez, intervenía ayer tras la segunda de las mociones sobre el edificio de aparcamientos, para señalar: “Este alcalde siempre va a cumplir la sentencia y la ejecución de la misma en los términos que marque el juzgado, que no le quepa duda a nadie de que va a ser así”. “No acepto presiones internas ni externas y jamás daré pie a que se incumpla una orden judicial”, añadió. Bermúdez se apoyó en la conclusión del informe de Urbanismo para decir que “no haremos nada hasta que se aclaren las dudas sobre la ejecución de la sentencia” y añadió que que “en la parte declarativa se puede aprobar lo que quieran, pero en la administrativa sólo se hará lo que digan los técnicos. Lo contrario es prevaricar”.