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Entre la espada y la pared – Por Leopoldo Fernández

   

Me gusta la transparencia con que actúa Fernando Clavijo. Al menos en el llamado caso Corredor, que tanto le afecta, su actuación parece más que correcta, naturalmente dejando a salvo las eventuales responsabilidades en que pudiera haber incurrido el hoy alcalde lagunero durante el tiempo en que sus teléfonos estuvieron intervenidos por orden judicial, entre 2010 y 2011, cuando era concejal de Seguridad. Dentro de la reserva con que resulta obligado hablar de cuestiones aún bajo investigación, Clavijo compareció ayer mismo ante los medios informativos a los diez minutos de declarar ante el juez titular del Juzgado número 1 de La Laguna, César Romero Pamparacuatro, durante casi tres horas. Éste le acusa de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos y mantiene, e incluso amplía, la imputación, a tres nuevos delitos relacionados con dicho tráfico, recogiendo así el parecer de la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés.

Clavijo afirma que toda su actuación está respaldada por informes técnicos y que, en ningún caso, ni él y su familia, ni tampoco CC, se han beneficiado con ninguno de los hechos que se le atribuyen. Dada su condición de candidato de Coalición Canaria en las próximas elecciones de mayo, este asunto tiene un morbo muy especial para gran parte de la ciudadanía y, desde luego, de la propia clase política. La desaparición de un auto imprescindible para dar validez a todas las intervenciones telefónicas, el injustificable retraso de dos años en la comunicación de la instrucción a las partes, las contradicciones advertidas en las declaraciones del denunciante del caso -que mantiene fuertes denuncias contra el candidato y su equipo- y uno de los principales imputados, el exceso de tiempo dedicado a la grabación policial de las escuchas en una medida que afecta gravísimamente a derechos fundamentales inviolables, las duras acusaciones lanzadas contra Clavijo y su equipo por parte del comisionado Fernando Ríos y, en fin, los antecedentes de casos similares, que acabaron anulados por la Justicia, añaden mayor interés al tema. Éste es seguro que va para largo y ha colocado a Clavijo entre la espada de su imputación y la pared de las elecciones.