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El ERTE para 35 empleados del Lago Martiánez se decide el martes

   

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Cuatro días de tregua. Eso es lo que se han dado los trabajadores y los responsables de la empresa concesionaria de bares y restaurantes del Lago Martiánez para alcanzar un acuerdo tras la propuesta de esta última de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a 35 de los 48 empleados durante un periodo de 20 meses en los próximos dos años.

El ERTE fue presentado ayer ante la Autoridad Laboral y la empresa tiene 15 días para aplicar la medida, tal y como lo establece la legislación vigente, confirmaron fuentes del personal. Intersindical Canaria, representante de la plantilla, ha hecho todo lo posible para que la medida sea lo menos perjudicial para los empleados. Y por ello pide serenidad y prudencia y confía en llegar a un acuerdo.

Pese a que el Gobierno local aclaró que se trata de un conflicto entre la empresa y sus trabajadores, sus responsables se han reunido con ambas partes y les han pedido que “acercaran posturas para que este asunto afectara lo menos posible al servicio”, confirmó a este periódico el concejal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso. Y así fue, añadió, “dado que tanto los trabajadores como la empresa aceptaron y por eso se intenta llegar a un acuerdo tras dos semanas de negociaciones”.

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento, Partido Socialista (PSC-PSOE), Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC), no han permanecido indiferentes al respecto, pues fueron quienes lo denunciaron hace una semana mediante un comunicado.

El portavoz del PSOE, Guillermo Pérez Pastor, asegura que la versión que le han trasladado los empleados difiere bastante de la ofrecida por el grupo de gobierno (CC-PP) y por este motivo los socialistas solicitarán una reunión para conocer en qué estado se encuentran las concesiones administrativas. “Pero no solo las relacionadas con la hostelería sino también la de la basura y el agua”, aclara.

Por su parte, Jaime Coello (VxP) le exige a CC-PP que busque una solución a este problema, que fue generado por una empresa privada “como consecuencia de la nefasta política de privatizaciones del Gobierno municipal”. Coello pide que se intervenga la concesión y sea el Ayuntamiento quien tome el control y fiscalice todas las decisiones “para evitar que haya desmanes por parte del concesionario”.

Jonás González (IUC) también exige la mediación de la alcaldesa, Sandra Rodríguez, y del concejal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso, “que son las personas que nos han metido en este problema”. Al mismo tiempo, les requiere que valoren la posibilidad de rescatar la adjudicación, dado que “se han cometido incumplimientos muy graves como no pagar el canon al Ayuntamiento”.