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El Estado sopesa recurrir la nueva ley territorial canaria

   
Enrique Hernández Bento. / DA

Enrique Hernández Bento. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno del Estado estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva ley canaria del territorio y los recursos naturales, en concreto contra la previsión de exigir una declaración de impacto ambiental a las prospecciones o extracciones de petróleo o gas en el mar junto al Archipiélago.

Así lo aseguró ayer a este diario el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, quien indicó que la previsión de este trámite de evaluación ambiental para estas actividades tiene visos de inconstitucionalidad “porque el Gobierno canario no tiene jurisdicción sobre trabajos de investigación o de extracción en aguas que son españolas”, pero no de competencia de la comunidad autónoma.

A su juicio, “cualquier jurista advertiría de que el Gobierno canario no puede regular sobre un ámbito territorial que no le corresponde”, por lo que la única declaración de impacto ambiental es la que tramitaría el Ministerio de Medio Ambiente, como ocurrió con el proyecto de las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura.

La nueva norma, de cuyos principales aspectos viene informado este diario en una serie de noticias durante el último mes, la aprobó en diciembre el Parlamento canario, con la denominación de Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, se publicó el pasado día 5 en el Boletín Oficial de Canarias, pero no entrará en vigor hasta el próximo día 25. Salió adelante con los votos de CC-CCN-PNC y el voto en contra de toda la oposición, incluido el partido del subsecretario, el PP.

Por otra parte, Hernández Bento confirmó que el Ministerio de Industria y Energía abrirá expediente a Repsol por abandonar los sondeos en Canarias. La compañía se expone a una multa de entre 3 y 5 millones de euros, sanción que se hará efectiva solo si la petrolera no transfiera esos trabajos a otro lugar de España donde ya tiene autorización para ello. Explicó el alto cargo ministerial que este procedimiento está regulado en la Ley de Hidrocarburos, y lleva un trámite administrativo a cargo de la Dirección General de Política Energética en el que se solicita a la petrolera que justifique las razones por las que ha abandonado los sondeos pendientes en Canarias, y a partir de ahí este organismo “autoriza o no la transferencia de ese permiso”.

“Repsol habrá puesto en una balanza la posible sanción, por no hacer el segundo sondeo en Canarias con la inversión necesaria para continuar, dado el resultado del primero, donde había un 15% de posibilidades de hallar hidrocarburos; pero con el segundo esta posibilidad era mucho menor, y su coste de 200 millones de dólares, por lo que igual prefieren pagar esa sanción”, razonó el subsecretario.

La multinacional petrolera no quiso ayer valorar estas declaraciones del alto cargo del Gobierno estatal a varios medios, y se limitó a recordar que esta semana culmina el sellado de la perforación realizada frente a las islas orientales y que “no va a hacer más sondeos en Canarias”.

Unas palabras que corroboró Hernández Bento, al constatar que “Repsol ha dicho que abandona Canarias para no volver, así que es definitivo”.

El subsecretario estatal justifica la previsión legal de sanciones en estos casos porque “España es un país pobre energéticamente con legislación muy favorable para la exploración de hidrocarburos, y la Administración debe garantizar que se llevan a cabo los proyectos”.