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El Gobierno reduce las esperas de la PCI y amplía los beneficiarios

   
La consejera regional de Políticas Sociales, Inés Rojas. / DA

La consejera regional de Políticas Sociales, Inés Rojas. / DA

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Puesta en marcha en 2007 con el objetivo de atender las necesidades básicas de aquellas personas en situación de exclusión social, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se había convertido hasta ahora en el único sostén al que se aferraban miles de isleños. La crisis, sin embargo, provocó que cada vez fueran más los solicitantes y menos las ayudas, lo que provocó un auténtico colapso que todavía hoy no ha terminado de resolverse.

Por este motivo, la Consejería de Políticas Sociales propuso hace un año la modificación de la Ley que regula la PCI, con el objetivo de simplificar los trámites y ampliar los beneficiarios. Ayer, tras un intenso debate parlamentario y los habituales reproches entre Gobierno y oposición, la Cámara regional aprobó por unanimidad la reforma de la ley, que además tendrá la dotación presupuestaria suficiente para poder desarrollar los próximos meses.

En el nuevo texto, el Ejecutivo regional ha introducido cuatro cambios significativos. Por un lado, se amplían los destinatarios de la prestación a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social. En concreto, se priorizará a las familias con hijos a cargo y a los desempleados sin ayudas. De igual modo, la reforma garantiza el acceso rápido y efectivo a la prestación económica para los solicitantes, estableciendo por ley un plazo máximo de dos meses para resolver las solicitudes desde su recepción en el departamento del Gobierno. Para ello, se ha buscado simplificar los procedimientos y acortar tiempos de respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión. “Ahora la PCI no solo irá dirigida a personas en exclusión, también a aquellas que han perdido el empleo y no tienen subsidio”, indicó la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, quien subrayó “la importancia de los itinerarios de inserción, porque el objetivo seguirá siendo la creación de empleo”. “La nueva ley tiene una gran pretensión: ayudar a todas aquellas familias que no pueden salir adelante sin la ayuda de las administraciones públicas”, concluyó Rojas.

La partida económica, agotada desde junio

-El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife denunció hace unos meses que muchas personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) llevan meses sin cobrar, como consecuencia de que el presupuesto asignado para 2014 por el Gobierno de Canarias, 23 millones de euros, se agotó en solo un semestre. Una situación que se venía repitiendo prácticamente desde que se pusiera en marcha este tipo de ayuda, lo que según los trabajadores sociales miles de isleños deban esperar meses por unos ingresos esenciales para su subsistencia.

-La Consejería de Políticas Sociales se ha negado en varias ocasiones a aumentar la cuantía de la renta mínima, pero sí aceptó ampliar el número de beneficiarios. Además, la propia consejera Inés Rojas recordó que la PCI cuenta en 2015 con un presupuesto de 28 millones de euros, cuando en 2008 sólo llegaba a cuatro millones. Rojas señaló que el Estado debería plantearse una “renta mínima estatal” para todas aquellas familias en situación de riesgo de exclusión social.