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cASO CORREDOR> CONTINÚAn LAS DECLARACIONES en EL JUZGADO LAGUNERO

Los imputados de Las Chumberas alegan que necesitan las ayudas

   
Ricardo González, asesor de Alcaldía, al salir del Juzgado. | FRAN PALLERO

Ricardo González, asesor de Alcaldía, al salir del Juzgado. | FRAN PALLERO

VICENTE PÉREZ | La Laguna

Los dos imputados en el caso Corredor por presunto fraude en el cobro de ayudas al alquiler como afectados por la aluminosis de Las Chumberas, el portavoz de los vecinos -y hoy asesor del alcalde lagunero- Ricardo González (del CCN) y la concejal de Cultura, María José Castañeda (PSOE), declararon ayer ante el juez César Romero Pamparacuatro y la fiscal Anticorrupción María Farnés.

Ambos negaron trato de favor alegando que hubo igualdad de acceso a estas ayudas al no aplicarse límite de renta y adujeron su “delicada situación económica” por el realojo y otras circunstancias personales, según explicó el abogado Carlos Álvarez, portavoz de los letrados de la defensa y representante de otro de los imputados. “Ambos fueron muy convincentes y pueden quedar sobreseídas sus imputaciones”, apostilló Álvarez.

María José Castañeda declaró ante el juez, pero no ante la prensa. | F. P.

María José Castañeda declaró ante el juez, pero no ante la prensa. | F. P.

En las escuchas telefónicas consta cómo el alcalde, Fernando Clavijo, y la entonces concejal de Asuntos Sociales, Blanca Pérez (también imputada) comentan en 2010 que tanto González como Castañeda no cumplían los requisitos para las ayudas de emergencia social que iba a conceder el Ayuntamiento, porque el portavoz vecinal, entonces en el PSOE, ganaba 1.800 euros mensuales y la edil 3.000 euros, de modo que acordaron otra fórmula: eliminar el límite de ingresos económicos. Ayer, tras hora y media de declaración, González, a preguntas de este diario, afirmó que los vecinos “estaban al margen” de estas cuestiones, “pues “los criterios los tienen los técnicos y la Administración, que son los que crean la normativa” y señaló que ya Clavijo, ante el Juzgado, ya dejó “zanjado” este asunto al explicar que “no se pedían requisitos económicos”. Apuntó además González que “se acordó en asamblea [vecinal] que todas las viviendas que no podía ser habitadas, y se entendía con ello que tuvieran el baño y la cocina apuntaladas, se les daban ayudas al realojo”. El asesor confirmó que su puesto depende de la Alcaldía, pero “por la cuota del CCN”, que se presentó a las elecciones de 2011 en alianza con CC. La edil del PSOE no quiso hablar con la prensa.

Todas las defensas han pedido ante la Audiencia Provincial la nulidad de las escuchas debido a que desapareció del sumario el auto que les daba cobertura (el juez ha abierto diligencias al respecto al sospechar de que lo robó uno de los imputados, el empresario Evaristo González). Si bien la Fiscalía certificó que tal auto sí existe e incluso les entregó copia, los abogados creen que “el procedimiento del juez para reconstruir el sumario no es correcto”, apuntó Álvarez. También piden la nulidad parcial porque no existe el auto de prórroga de las escuchas de uno de los 9 meses de pinchazos telefónicos. Sobre Clavijo, enfatizó que tanto su declaración como los documentos que aportó pueden permitir el sobreseimiento de la causa contra él antes de las elecciones.