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Los infractores contra el territorio pagarán menos si su renta es baja

   

Labores de demolición de una vivienda ilegal en suelo rústico por orden de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en Tenerife. / DA

Labores de demolición de una vivienda ilegal en suelo rústico por orden de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en Tenerife. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Podrían considerarse “multas anticrisis”. La llamada Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y los Recursos Naturales de Canarias, cuya entrada en vigor es inminente, permitirá que quienes cometan ilegalidades contra el medio urbano y natural podrán ver reducida la cuantía de la sanciones o pagarlas a plazos si acreditan que su situación económica es precaria.

La nueva normativa, aprobada el pasado 10 de diciembre, establece multas que oscilan entre un máximo de 24.040 euros en el caso de las faltas leves y un máximo de 2.404.048 euros en las muy graves, cantidad que dependerá del tipo de acto cometido, la gravedad del daño causado al medio ambiente, el valor de la obra ilegal, la reincidencia del infractor y, “finalmente”, su situación socioeconómica. En el caso de una empresa sancionada, se tendrá en cuenta “su patrimonio, ingresos y obligaciones”, y si es persona física, “sus cargas familiares y demás circunstancias personales y sociales”.

El aplazamiento del pago de la multa podrá durar en estos casos dos años, como máximo, y el número de plazos lo determinará el organismo público sancionador, si bien el impago de dos de ellos hará que venzan los restantes. También en función de la situación socioeconómica de quien cometa la falta, se decidirá si aplicar o no el interés legal por este aplazamiento del abono.

La flamante normativa, aprobada por el pleno del Parlamento canario con el voto favorable de CC-CCN-PNC y PSOE, y el no de PP, NC y PIL, supone una modificación de la aún vigente, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos.

Una de las novedades de esta reforma legislativa es la rebaja de multas como premio a la voluntad del infractor por restablecer la realidad alterada a su estado original. Así, si el expedientado reconoce su responsabilidad antes de que resuelva el procedimiento sancionador, tendrá derecho a un descuento de hasta el 95%, porcentaje de reducción que quedará en un 50% si da ese paso cuando se ha dictado ya la propuesta de resolución. En ambos supuestos, el infractor deberá suscribir un convenio con el organismo público correspondiente en el que se compromete a reparar los daños. Si lo incumpliera, el resultado sería el doble de multa que la que se le aplicó inicialmente. Las bonificaciones serán de un 10% cuando, una vez firme una sanción en la vía administrativa, el infractor la pague en el plazo de un mes desde que le fue notificada, y puede acumular otro 10% de rebaja si además restablece en dos meses la realidad física alterada con su ilegalidad.

Las sanciones que imponga el director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) podrán recurrirse ante el consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno canario.

Otro aspecto llamativo de la nueva legislación es que el sancionado con más de 300.000 euros podrá resarcir su daño con medidas compensatorias en suelos no afectados por las obras motivo de la sanción, aunque siempre dentro del mismo municipio, salvo autorización expresa del Gobierno canario.

La Ley de Armonización considera responsables de estas infracciones a promotores, proyectistas, constructores o directores de obras; así como a titulares, directores o explotadores de establecimientos, actividades o usos. También incurrirán en responsabilidad los cargos públicos y funcionarios (incluyendo los miembros de órganos colegiados que votaran a favor de acuerdos no conformes a derecho y los secretarios de los ayuntamientos) cuando no velaran por el cumplimiento de la legalidad o dieran el visto bueno a actos ilegales.

Cuantía de multas para obras ilegales

-De 1.000 a 50.000 euros de sanción cuando las obras de urbanización o servicios no tengan cobertura legal en suelo rústico y urbanizable sin ordenación pormenorizada o contraria a la existente.

-De 500 a 35.000 euros cuando las obras citadas se realicen en suelo urbano o urbanizable con ordenación pormenorizada.

-De 3.000 a 80.000 euros cuando las obras se lleven a cabo en parcelas o solares edificables que no resulten legalizables, siempre que además no correspondan con el uso del suelo, superen los parámetros urbanísticos permitidos, exceda de dos plantas (una, si es suelo rústico) o estén prohibidos en edificios fuera de ordenación.

-De 3.000 a 180.000 euros cuando las obras, actividades o usos afecten a terrenos destinados a dotaciones públicas, sistemas generales, espacios naturales protegidos o áreas de protección ambiental fijadas en planes insulares.

-De 3.000 a 80.000 euros cuando se trate de un cambio de uso de edificios, plantas o locales sin permiso ni ser legalizables.