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El lado oscuro de la sentencia del mamotreto

   

Por Dulce Xerach Pérez
Abogada y Doctora en arquitectura

Este artículo es una llamada explícita y directa para todos los que callan por el temor a verse alguna vez involucrados en un problema similar al del caso Mamotreto. Explicaré por qué, si callamos lo que les voy a contar, nos puede volver a pasar a cualquiera de nosotros. Si callamos, cualquiera de nosotros puede ser encarcelado injustamente sin que nadie diga nada.

El proceso del caso Mamotreto ha sido (y sigue siendo) el lugar de una verdadera batalla jurídica. España expone con este caso Mamotreto una arbitrariedad de su sistema judicial que contradice los principios constitucionales y que ridiculiza sin cesar los derechos de la defensa.

Los pocos, pero cada vez más numerosos, y más eminentes urbanistas, arquitectos, penalistas e intelectuales que se atreven a expresar sus ideas hablan de varias hipótesis distintas sobre el asunto, pero todos ellos llegan a una única conclusión: los condenados son inocentes de todo crimen o delito.

Lo que inicialmente quería la Fiscalía no tiene nada que ver con el mamotreto, sino con la playa de Las Teresitas, pero para encontrar a un culpable en el asunto de la playa necesita hallar -diría que desesperadamente- un culpable para el mamotreto. Partiendo de ese prejuicio, el razonamiento era simple, si no grosero: el círculo de la investigación se limitaría arbitrariamente a unos pocos sospechosos olvidando despreocupadamente que en el Derecho Penal no rige el principio de oportunidad en la acusación y que, por tanto, tendrían que haber ido contra todos los que participaron en el encargo, redacción y defensa del proyecto de la reforma de la playa de Las Teresitas y no solo contra algunos, pero, para encaminar el caso de la playa solo necesitaban a un par de culpables ideales, que, por supuesto, fueron enseguida identificados, los concejales de Urbanismo de diferentes etapas (cómo no) y los técnicos que les acompañaron en su labor. En el comienzo del caso, el énfasis se volcaba más en una supuesta trama que ayudó a llenar los vacíos de una investigación preliminar increíblemente sumaria y arbitraria. La falta completa de neutralidad del escrito de acusación condujo a una sentencia que podemos calificar como monumento a la parcialidad, siguiendo a Emile Zola.

De hecho, la leyenda negra que surca sobre todos los concejales de Urbanismo de este país jugó fuertemente contra los acusados y el mero hecho de estar ocupando los cargos, y atender a las obligaciones que conllevaban, hicieron plausibles todas las acusaciones, transformando los actos más ordinarios de la vida corriente de un ayuntamiento (como asistir a reuniones con un arquitecto o reunirse en consejo para la aprobación de los diferentes asuntos) en hechos probados de una trama criminal. Este principio de instrucción arbitraria y parcial conllevó a una multiplicación de errores que condujeron a la mentira judicial que estamos viviendo en estos momentos. Esto, a través de un asunto donde la irracionalidad prevalece sobre la certeza técnica de una necesidad de especialización altamente cualificada de la que este caso ha estado alejada.

Nadie en la parte de la acusación era realmente competente en Urbanismo. La Fiscalía sacó a escena a diferentes peritos a los que en todo caso se podría llamar aficionados, pero de ninguna manera expertos en Urbanismo. Aún así, y no consiguiendo todo lo que quería, decepcionada por el resultado de los iniciales peritajes, la fiscal insistió e insistió hasta que estos modificaron y alteraron en varias ocasiones sus propios informes iniciales. Bajo la presión de la Fiscalía, afirmaron cuestiones que urbanísticamente no se sostienen, ni se tienen que sostener, pues unos aparejadores de profesión no tienen por qué ser expertos en Urbanismo. Para saber esto bastaría, a cualquiera que tuviera interés, analizar el plan de estudios de dicha carrera (o grado, en la nueva terminología del sistema educativo). Basta con ir a la web de la Universidad de La Laguna para saber que solo hay una asignatura en todo el grado relacionada con el Urbanismo (solo 6 créditos académicos) frente a la titulación en arquitectura de la Universidad Europea de Canarias (por no salir de las universidades presentes actualmente en la isla de Tenerife), donde las asignaturas relacionadas con el Urbanismo son Bases de la Urbanística, Áreas urbanas y diseño sostenible, Ordenación de la ciudad, Taller de proyecto-ciudad, Proyecto territorial y paisaje, etcétera.

Volviendo al fondo de la cuestión, recuerdo que, después de la primera lectura del escrito de acusación, hace ya años, la confianza de los abogados defensores sobre que el caso iba a quedar en nada era total, pues pudieron constatar la nada absoluta del expediente de instrucción. La falta total de pruebas. Pero, a pesar de esa nada, el proceso fue sorteando las más elementales leyes vigentes, la primera de ellas, y probablemente la más importante, ignorar que debió analizarse primero la cuestión por la vía Contencioso-Administrativa y no por la vía Penal. De acuerdo con las previsiones iniciales de los abogados defensores, el vacío del expediente aparecía claramente durante las audiencias del juicio. Los debates de fondo sobre Urbanismo pusieron de manifiesto que ninguno de los acusados había cometido ningún crimen o delito. Por otra parte, los propios acusados afirman ser inocentes, y se defienden punto por punto con energía y lógica. Por lo demás, sus declaraciones fueron apoyadas por varios testigos de la defensa, con mejor preparación académica y más amplio currículum profesional que los peritos aportados por la acusación. Con el paso de los meses la ausencia de móvil para el crimen era una seria espina en el expediente de la acusación. Los concejales no habían vivido por encima de sus posibilidades, a ninguno se le encontró ingresos irregulares, ni flejes de billetes en sus domicilios y ninguno de ellos tenía ni el más mínimo borrón en sus carreras anteriormente a este caso. Pero desde la Fiscalía, incapaces de encontrar la menor prueba (de culpabilidad), decidieron fabricarlas a posteriori. Para eso seleccionaron solo los testimonios de los peritos que decían lo que querían escuchar, ignorando a los demás.

Muchos esperábamos que, poco a poco, y a pesar de las amenazas y nubarrones del escrito de acusación, la razón y la falta de pruebas convencerían a la jueza de que no podía declarar culpables de un delito a quienes no lo habían cometido ni sobre los que existía ni una sola prueba real. Pero lo cierto es que la juzgadora se abandonó totalmente al escrito inicial de acusación, y siguiendo el hilo del mismo tuvo que firmar una sentencia de condena. Aún así, muchos continuamos confiando en que la Audiencia revisaría todas las zonas grises de las actuaciones. Pero tampoco fue así. Contrariamente a todas las previsiones, la sentencia de la Audiencia también continúa la línea argumental de la acusación sin pararse a profundizar en la cuestión de fondo, la cuestión urbanística.

Sé que hay muchos compañeros abogados, arquitectos, urbanistas, funcionarios públicos y funcionarios judiciales con los que he hablado a lo largo de estas últimas semanas que son conscientes de la fragilidad del caso Mamotreto. Inicialmente, la presión mediática contra los políticos corruptos era tal que nadie estaba dispuesto a hablar de que el caso Mamotreto no ha sido otra cosa que un grave error judicial (por decirlo suavemente). Pero, poco a poco, la duda ha comenzado a instalarse entre figuras de la profesión y en los medios de comunicación y la política y unos pocos abogados, arquitectos y urbanistas hemos comenzado a hablar.
Algunos otros -partidarios políticos de la sentencia- hacen ruido para impedir el retorno al orden y se escudan en la vieja norma que dice que Res judicata pro veritate habetur (la cosa juzgada es tenida por verdad), pero todos sabemos que la Justicia no es perfecta y que a lo largo de la historia han existido muchas sentencias injustas como ha quedado demostrado (años) después.

Lo que esperamos ahora, de una verdadera democracia, es que los acusados no tengan que esperar (ni ir a la cárcel, ni perder su patrimonio, ni ver demoler una obra pública que es legalizable) para que se reconozca lo que verdaderamente ha pasado, sino que a la vista de la nueva luz con la que expertos en urbanismo van interpretando los hechos, a la vista de los nuevos informes técnicos y a la vista de la inexistencia de pruebas reales se corrija el error cometido.

Por eso comenzaba este artículo como una llamada de atención explícita para todos los que callan con el temor de verse alguna vez involucrados en un problema similar. Si callamos nos puede volver a pasar, a cualquiera de nosotros. No entiendo el miedo que se le tiene al sistema judicial. Los funcionarios judiciales son personas igual que los demás, no son perfectas y también se equivocan a veces. Creo que lo que nos pasa como sociedad es que sigue teniendo razón Gandhi: “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”. Todos callamos algo porque no queremos problemas, ni que nos quemen en la hoguera, ni que nos aparten o nos retiren el saludo, ni perder el empleo… Todos callamos y aguantamos demasiadas cosas, pero a veces hay momentos en los que sentimos que no podemos continuar con ese temor y entonces lo superamos y hablamos, y decimos en voz alta y en público lo que la inmensa mayoría dice en secreto.