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Marcha por la vida – Por Victoria Lafora

   

Los enfermos de hepatitis C cruzaron ayer las calles de Madrid en una marcha hacia la Moncloa, donde entregaron una carta al presidente del Gobierno. Están luchando por su vida y peleando por que los recortes en Sanidad no les priven de unos medicamentos de última generación que han sido denominados los antibióticos del hígado. La mezcla de dos de ellos ha demostrado que es capaz de curar a un 90% de los pacientes de una enfermedad con muy mal pronóstico. El problema es su precio. El coste de un tratamiento con Sovaldi (una de las marcas) asciende a veinticinco mil euros para doce semanas. Pero cura y eso es lo fundamental.

Sucede, además, que los pacientes no están solos. Hepatólogos de toda España acusan al Ministerio de Sanidad de poner en riesgo la salud de sus pacientes por dificultar el acceso a los nuevos fármacos y recomendar el uso de los que ellos consideran obsoletos y con graves efectos secundarios. Es más, la Sociedad Española para el Estudio del Hígado ha incitado a sus facultativos a rebelarse contra la guía de Sanidad que dicta el tipo de tratamiento que debe recibir cada paciente. Porque conviene insistir en que no se trata de fármacos que prolongan la vida, atenúan los síntomas u ofrecen una esperanza de curación como es el caso de los antitumorales en el cáncer. No. Aquí se trata de salvar la vida. El nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que el próximo lunes se pondrá en marcha una comisión presidida por el prestigioso hepatólogo Joan Rodes para evaluar la dispensación de los nuevos antivirales y recalcó, ahito de razón, que no son los políticos los que deben decidir a quién se le trata con el Sovaldi, que deben ser los facultativos. Quizá olvidó, recién llegado al cargo como está, que los hepatólogos ya se han pronunciado y exigen a su departamento, por ejemplo, que cesen las trabas a los pacientes trasplantados de hígado a quien Sanidad condena a recibir Interferón, del que se puede prescindir con los nuevos fármacos. Se calcula que en España hay unas ochocientas mil personas afectadas de hepatitis C y el Gobierno solo ha destinado una partida de 125 millones de euros para su tratamiento. Como ejemplo europeo, cabe citar a Alemania que ha destinado 800 millones teniendo menos casos.

El clamor popular es tal, y una prueba de ello es la solidaridad con los pacientes encerrados en el hospital Doce de Octubre o la marcha en Madrid de ayer, que le va a resultar muy difícil a la nueva comisión o al ministro seguir siendo tan cicateros en la administración de los revolucionarios fármacos. Y no vale culpar a los laboratorios de ganar dinero a costa de la salud porque el peso de la investigación científica y el enorme coste de la misma la están llevando ellos ante el recorte público en I+D+i. El ahorro que va a suponer la caída del precio del crudo, que tanta satisfacción produce a Hacienda, podría destinarse a aumentar los presupuestos sanitarios laminados por los recortes. Llama también la atención el silencio de la jerarquía eclesiástica española, tan activos en la defensa de la vida del no nacido, y ahora silentes ante la muerte injusta de los vivos.