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Más mamotreto – Por Hugo Luengo*

   

El caso Mamotreto de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife viene reclamando un interés por encima de su apariencia y por debajo de su importancia real. En los medios en días pasados los conductores de un conocido programa de radio no alcanzaban a situar la naturaleza del conflicto, sino sólo la identificación del mal, que situaban en el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, y lo que es peor, en la maléfica influencia que sobre él ejerce un conocido abogado, incrustado en la Gerencia. No soy de quienes se llevan por lo que se oye en la calle y por deformación profesional tiendo a razonar los temas.

El caso Mamotreto ha venido en los últimos tiempos, además de quien aquí opina, a recibir entre otros el análisis de José Ángel Domínguez, arquitecto redactor del PGO de Santa Cruz; Eligio Hernández, abogado de alguno de los encausados y ex fiscal general del Estado, y Dulce Xerach, abogada, arquitecta y ex parlamentaria regional y ex viceconsejera de Cultura, además de los preocupados medios, redes, profesionales y sociedad en general, que no alcanzan a entender qué es lo que está pasando aquí y que agradecerían se les diera una explicación razonada.
Intentaré dar la mía, desde el conocimiento detallado de la sentencia, de los antecedentes y desde el contenido y documentación de quienes con criterio vienen opinando del mamotreto. Lo interesante del tema radica en que viene actuando como prueba de estrés del sistema, identificando dónde están sus conflictos. Para ello daremos nuestra opinión sobre los tres niveles de intervención, donde ha venido operando el caso Mamotreto.

En el primer nivel institucional, donde Ayuntamiento, Autonomía y Costas, las cuales luego del Concurso Internacional de la playa de Las Teresitas, convocado y fallado por el primero, estaban comprometidos en firmar un convenio, para resolver el deslinde. Éste luego de 15 años no se ha firmado. Con el convenio firmado no habría caso, pues el deslinde se resolvía en él. En estos días hemos visto en prensa cómo el Gobierno de Canarias, por la vía del consejero del ramo, confirma que el mamotreto puede ser legalizado y cuya legalización entendemos es perfectamente extensible incluso al ámbito del deslinde y su servidumbre y por extensión vía concesión y/o autorización, sin necesidad de demolición. Asombra con ello el discurso partidista de demoler a toda costa, nunca mejor dicho, cuando además la sociedad de Santa Cruz es opuesta a ello. Hagan la encuesta.

En el segundo nivel municipal ha venido operando el caos. Como tal, la Corporación de Santa Cruz carece de proyecto unificado sobre la playa o, lo que es peor, cada grupo de gobierno y oposición tiene la suya. Cierto es que también sobre el PGO y sobre la propia ciudad. Santa Cruz se encuentra hoy en análoga situación a Las Palmas, hace 30 años, donde cada grupo político defendía su posición de partido. Los resultados de este conflicto son palpables en la propia sentencia del mamotreto, que aprovecha esta debilidad para extremar sus penas. Hoy la ejecución de la sentencia la confía el alcalde a lo que digan sus técnicos, sin que sean ellos capaces de generar ningún juicio de valor al respecto.

En el tercer nivel, finalmente, se sitúan los concejales y los técnicos encausados. Quienes operando en la confianza del soporte de los niveles anteriores, se han visto finalmente desprovistos del marco institucional comprometido, causante de la actual situación. A los conocidos errores en el proceso de las pruebas, de la propia incompetencia profesional de los técnicos peritos, se suma la incontinencia de los jueces en haber apresurado el supuesto penal, sobre la preferencia procesal de los aspectos jurídico-administrativos del caso. Como se señala en estos días en los medios, donde aparecen contaminadas las pruebas de los peritos y por extensión la propia resolución judicial.

Desde aquí volvemos a pedir una vuelta a la cordura. Carece de sentido en el esquema desarrollado que la carga de la culpa se aplique en el tercer nivel, cuando el primero, el institucional, no ha cumplido sus obligaciones y el segundo, municipal, trabaja a la contra. Pretender la justicia apoyarse sólo en el tercer nivel no deja de ser un sarcasmo. Desde la visión del ciudadano, la prioridad de la acción política es el beneficio del mismo y dentro de la ley minimizar los efectos sobre el bien público. Luego, la defensa de la actuación de los concejales y los técnicos y, finalmente, situar los intereses de los partidos. Que por lo que vemos, sólo encuentran equilibrio forzando la demolición y penalizando la propia acción municipal, al precio que sea. Sólo así podemos razonar las dudas que tenemos como ciudadanos y las que tenían los medios al inicio de este escrito.

*Arquitecto y Urbanista