X
NACIONAL >

La oposición censura la “tibieza” del PP contra la corrupción política

   

EUROPA PRESS | Madrid

Los grupos de la oposición consideran insuficientes las penas por corrupción que el Gobierno ha recogido en el nuevo Código Penal. El PSOE exige avanzar en el decomiso del patrimonio de los corruptos, CiU acusa al PP de buscar un “lavado de imagen” y UPyD tacha de “escandaloso” que no se sancione de forma “clara y con contundencia” la tenencia de cajas B y dinero no declarado en el extranjero.

Así se manifestaron en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados durante el debate del proyecto de Código Penal, que por primera vez introduce la prisión permanente revisable en el ordenamiento jurídico español, aunque finalmente renuncia a nuevas medidas de internamiento en psiquiátricos para ex presos peligrosos.

Desde el PP, el portavoz de Justicia, José Miguel Castillo Calvín, recalcó que por primera vez se aborda la financiación ilegal de los partidos, mientras que se facilita la persecución de quienes administren deslealmente patrimonio público y se aumentan las penas de inhabilitación para las autoridades y funcionarios corruptos. El diputado hizo hincapié en que los condenados por corrupción no accederán a la libertad condicional ni a beneficios penitenciarios si no han devuelto los bienes procedentes del delito. Además, defendió que las formaciones políticas tengan responsabilidad penal.

El PSOE abogó por el decomiso para los familiares de los encausados cuando existan indicios de que han experimentado un incremento patrimonial “desorbitado”. Julio Villarrubia lamentó que esta idea no haya sido aceptada por el PP y planteó la exención de responsabilidad criminal para partidos y sindicatos.

Por CiU, Antoni Picó i Azanza culpó al Ejecutivo de utilizar el proyecto de Código Penal de forma “partidista para limpiar su imagen de pasividad en la lucha contra la corrupción”.
La líder de UPyD, Rosa Díez, denunció la “tibieza” de las medidas contra la corrupción y reprochó al PP que convierta infracciones administrativas en delitos sin castigar conductas nuevas y “capitales” para así “dejar fuera la parte esencial de la financiación ilegal”. El partido magenta se quejó de que el PP no acepte sus enmiendas dirigidas a imponer una pena de seis meses a tres años de cárcel a los miembros de la dirección, administración o contables de los partidos o sindicatos que acepten donaciones ilegales de más de 175.000 euros, falseen las cuentas o utilicen subvenciones públicas para fines ajenos a su actividad.