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Pobreza – Por Leopoldo Fernández

   

Ustedes también tienen que hacer algo”. Estas fueron las palabras con las que el director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo, apeló a la conciencia de los diputados autonómicos durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Sociales de la cámara, donde presentó el último Informe Foessa sobre la coyuntura social en Canarias. Aun a riesgo de resultar pesado, creo que algunos asuntos -y la pobreza es de los más importantes, si no el que más- bien merecen la atención de todos. Porque sólo mediante una sensibilización bien fundada podemos los ciudadanos colaborar a la solución de problemas colectivos como la pobreza y el abandono. La falta de los más elementales medios de subsistencia, la exclusión social, la marginalidad, el desamparo, no son asuntos privativos de quienes sufren y padecen esas carencias; son problema de toda la sociedad y, por desgracia, el reflejo de un cierto fracaso colectivo. ¿Acaso no nos duele el alma cuando nos dicen que el 26% de nuestros conciudadanos canarios están en situación de “total desamparo”? ¿O que sólo otro porcentaje similar se libra en las Islas de la exclusión social? No sé qué clase de sociedad estamos construyendo o qué reparto de riqueza efectuamos, pero los resultados de los estudios sociológicos son terminantes, demoledores, y deben llamarnos a la reflexión y la rectificación.

Entre las más graves responsabilidades de cualquier Gobierno figura la implantación de la justicia social, que incluye la atención preferente a los más necesitados para, compensando las desigualdades existentes, favorecer su desarrollo personal y profesional. Ya sé que los responsables políticos realizan esfuerzos y destinan recursos económicos para ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Las ayudas a la dependencia, la prestación canaria de inserción, el seguro de desempleo, los comedores sociales, incluso un plan contra la pobreza, así lo acreditan. El voluntariado, los subsidios y amparos, la asistencia económica y la solidaridad privada también contribuyen a paliar el problema. Pero hace falta más, muchísimo más, y al Parlamento le cabe la grave responsabilidad de propiciarlo mediante iniciativas e incluso imposiciones al Gobierno. Más que “hacer algo”, tiene “mucho que hacer”. Y ya mismo.