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Caso mamotreto > la ejecución de la sentencia

Por qué no se citó a Perrault y otras preguntas sin respuesta

   

A.D. | Santa Cruz de Tenerife

¿Por qué al arquitecto del proyecto y director de las obras, a la sazón, entre otras distinciones, premio nacional francés de arquitectura, Dominique Perrault, no lo imputaron ni lo llamaron a declarar? Es una de las preguntas sin respuesta del llamado caso Mamotreto, que versa sobre la polémica construcción de un edificio de aparcamientos a la entrada de Las Teresitas que, a pesar de ser legalizable, está a punto de llevar a la cárcel a dos exediles del Ayuntamiento capitalino y a su arquitecta jefe. Pero hay muchas más preguntas que hacer en este caso.

¿El proyecto del mamotreto no fue fruto de un concurso internacional de ideas y cuyo fin era la reforma de Las Teresitas?

¿No era un único proyecto que se dividió en dos, uno para que lo ejecutara el Ayuntamiento de Santa Cruz, y otro la Dirección General de Costas?

¿No adjudicaron las dos administraciones sus proyectos al 100%? (Costas paralizó las obras y tuvo que indemnizar a la empresa adjudicataria).

¿No se trabajó durante más de un año desde el Ayuntamiento sin que Costas pusiera ninguna pega? Es más, mientras tanto ¿no se comenzó a elaborar un borrador de convenio por el cual al finalizar las obras todo el proyecto (incluido el mamotreto y el resto de la urbanización de la playa) pasaría a ser gestionado por Costas?

¿No es cierto que el Consejo Insular de Aguas mantiene por escrito que si se derriba el mamotreto habrá que construir un edificio de similares características para encauzar la desembocadura del barranco?
¿Cómo es posible que al actual primer teniente de alcalde, José Ángel Martín, que votó con otros condenados a favor del reformado de la obra (y así consta en las actas), no se le haya imputado y ahora sea el más ferviente partidario de derribarla?

¿Cómo es posible que no haya unidad de criterio de la Fiscalía y se procede de manera distinta en asuntos similares en Gran Canaria y Tenerife?

¿Cómo es posible que el presidente del Colegio de Arquitectos y especialista en planificación urbanística mantenga en público que la sentencia está equivocada, al igual que José Ángel Domínguez Anadón, otro arquitecto de reconocido prestigio como urbanista y redactor del PGO de Santa Cruz de 1992, y ningún estamento judicial haga algo antes de enviar a técnicos y políticos a la cárcel por algo que, según los especialistas urbanísticos, no es ni siquiera interpretable, sino un error de los peritos que actuaron en el juicio?

¿Qué opina el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre los errores hechos públicos que afectan al proceso y a una sentencia con penas de cárcel?

¿Por qué el fiscal jefe de Canarias, con sede en Las Palmas, no ha dado ninguna explicación al respecto, tratándose de un asunto que ha creado y crea alarma social en las Islas?

¿El Consejo General del Poder Judicial es conocedor de esta situación?