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El REF no es troceable – Por Leopoldo Fernández

   

La noticia ni es ni puede ser una más. Para Canarias, tiene una importancia enorme por sus efectos económicos, pero también y sobre todo, por su trascendencia política, ya que puede fijar un nuevo marco de relaciones con el Estado distinto del hoy existente. Me refiero al anuncio de que el Gobierno central pretende trasladar la negociación y aprobación del REF económico a 2016, cuando el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales fije el nuevo modelo de financiación autonómica. Guste o no al Gobierno central, el REF canario es una norma exclusiva, única, un todo jurídico que no puede trocearse a conveniencia, ni retrasarse un año y pico, por más que la parte fiscal debe contar con el visto bueno previo de la Unión Europea -para garantizar que la legislación española se ajuste al ordenamiento comunitario-, en tanto la económica depende tan sólo del Consejo de Ministros.

En todo caso, como demuestra la experiencia, la revisión periódica del REF permite ajustar el marco de actuación canario a las distintas circunstancias económicas mundiales, la evolución de los mercados, los sistemas de incentivos y otros factores, como el empleo, internos y externos. Y todo ello, con miras a la defensa de las especificidades y el acervo histórico de Canarias para el mejor impulso de su actividad económica, teniendo en cuenta la insularidad, la dispersión territorial, la lejanía, el clima, los problemas estructurales y otros condicionantes. Tanta importancia, si no más, como la fiscalidad tiene la vertiente económica del REF porque afecta a las inversiones públicas (un capítulo sistemáticamente incumplido desde 1972), la prestación de los servicios de transportes y comunicaciones (y sus correspondientes compensaciones), energía y agua, promoción turística, formación profesional, etc., sobre las que todos los gobiernos de la dictadura y la democracia han dejado mucho que desear al incumplir las obligaciones contraídas por ley. No sería de recibo tratar de aplazar ahora una negociación obligada y urgente, ni -porque no interese abrir un frente de posible conflicto- desvincularla de la parte fiscal. ¿Alguien se imagina que el País Vasco y Navarra, por ejemplo, permitirían que sus fueros económicos se negociaran dentro de la financiación estatal?