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El REF, una historia de renuncias y decepciones – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Pocas horas antes de que el Congreso de los Diputados convalidara la parte fiscal del Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias negociado entre el Gobierno español y la Comisión Europea, trascendió la noticia de que el Ministerio de Hacienda pretende aplazar hasta 2016 la discusión del contenido de la parte económica de dicho Régimen e incluso condicionar su contenido al acuerdo que sobre financiación de las autonomías se alcance ese año en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como incluir las partidas de dinero que correspondan a las Islas en los Presupuestos del Estado de cada ejercicio. Y todo eso se dice cuando el REF es un cuerpo jurídico único, un todo que no puede ser retrasado en su desarrollo, ni devaluado, diseccionado o tratado por partes, a conveniencia del Gobierno de turno.

Inmediatamente de conocerse ese propósito de Montoro, saltaron las alarmas en las Islas y tanto el empresariado como los sindicatos, y en general la clase política, han dicho que se trata de una decisión inadecuada, impropia, injusta, ilegal incluso. Hasta el ministro Soria y responsables de su partido en Canarias destacaron los inconvenientes de tal aplazamiento porque, de aceptarse, pondría en solfa el verdadero alcance, el tratamiento diferenciador y el valor jurídico del REF hasta subsumirlo, banalizándolo, en un ente menor como es el mentado Consejo u órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera.

Los fines del REF

El REF no es una entelequia, ni un texto cualquiera. Para Canarias y los canarios, se trata de un fuero, un derecho, una prerrogativa, un hito histórico con más de 525 años de vigencia, fruto de un pacto con la Corona suscrito en 1487 en el llamado Privilegio y Franqueza de Gran Canaria, extendido luego a otras islas y consignado a perpetuidad, que permitía una exención de impuestos y aranceles para la atracción de pobladores peninsulares. El REF es consustancial con la identidad institucional de Canarias y ha superado los avatares del tiempo con acomodaciones y transformaciones varias que culminaron en la Ley 30 de 1972.

Singularidades históricas

Por conveniencia de la burguesía dominante en las Islas durante siglos, por dejadez, por desconocimiento de su verdadera importancia, por incompetencia, por las razones que fuere, Canarias no ha querido, no ha podido o no ha sabido defender sus singularidades históricas, plasmadas hoy en el REF tras no pocos recortes y rebajas. Y tan culpables son los sucesivos gobiernos del Estado como las propias autoridades isleñas que, no obstante, en plena dictadura franquista, forzaron la firma de ese régimen especial en circunstancias poco propicias.
Lo que Canarias reivindicaba entonces, y sigue necesitando hoy, es un tratamiento acorde con su estatus jurídico históricamente consolidado y con el principio de solidaridad interterritorial; un conjunto de normas reunidas en un único texto legal que garantice la implementación de políticas específicas rigurosas y suficientes para compensar carencias y problemas estructurales como la lejanía de la Península, la insularidad, la falta de recursos naturales, la excesiva dependencia exterior, el pequeño tamaño de su mercado interior, el menor nivel de renta y las dificultades propias de su clima y su orografía.

Lo social y lo jurídicamente inseguro

Lo sorprendente es que se suele poner mucho más énfasis en el bloque fiscal -que aporta herramientas atractivas para invertir en Canarias y, a partir de ahora, propiciar la creación de empleo-, cuyos primeros beneficiados son los empresarios y los profesionales, que en el económico, del que su principal destinatario es el conjunto de la sociedad consumidora. El IRPF puede y debe aportar un tratamiento más social, sobre todo para los asalariados, como en los casos de Ceuta y Melilla, mediante una reducción del impuesto del 50%. De paso, una política así entendida propiciaría una mayor cohesión social y una más justa distribución de la riqueza. Pero antes haría falta más diálogo y transparencia, más implicación de la sociedad, una decidida política de apoyo a la agricultura y la industria y la puesta en marcha de medidas -especialmente en materia de tarifas y servicios- para acabar con ciertas contradicciones legales que han llevado a las Islas a perder diferencial fiscal con la Península, poder adquisitivo y participación en la renta nacional.

El espíritu del REF ha quedado reflejado, además de en la Ley de 22 de julio de 1972 y sus acomodaciones del 91 y el 94, en la Constitución española, el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, el Protocolo II especial de Canarias, la iniciativa comunitaria Regis II, el Reglamento (CEE) 1911/1991, del Consejo, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho Comunitario en las Islas Canarias, y la Decisión del Consejo 91/314/CEE que establece un programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad de las islas Canarias (Poseican) y el Tratado de Lisboa, así como en la LOFCA y el Estatuto de Autonomía.

No obstante, el bloque constitucional no proporciona un mecanismo estable de este marco normativo, ni garantiza sus beneficios económicos y sociales; de ahí la conveniencia -apoyada por todos los gobiernos autonómicos y al menos por los tres partidos políticos mayoritarios- de blindar el REF en la futura reforma de la Carta Magna y del Estatuto de Autonomía. A juzgar por lo que viene ocurriendo, el Régimen se amplía o se reduce, se aplica o se interpreta según la voluntad del legislador o de la mayoría de Gobierno, no con arreglo a lo establecido en la ley. Con lo cual su deseable seguridad jurídica se pone en almoneda.

Decepciones y mensajes

No parece serio que las Islas tengan que negociar cada año, con los sucesivos ejecutivos del Estado, las distintas partidas presupuestarias del bloque económico del REF. Lo lógico sería que se establecieran unos criterios básicos sobre su continuidad y acomodación puesto que se trata de las medidas más sociales y que más directamente afectan a los ciudadanos y a su vida cotidiana. Es el caso de las inversiones públicas, las tarifas aéreas, marítimas y terrestres, la subvención a la electricidad y la desalación de agua de mar, el precio de comunicaciones y telecomunicaciones, la promoción turística, las políticas de empleo y formación, la educación, etc.

Todos los gobiernos del Estado han incumplido sus obligaciones con Canarias derivadas de la aplicación del REF, racaneando partidas, rebajando objetivos o laminando sin más convenios y acuerdos, como ha hecho el actual Ejecutivo del PP amparándose en la crisis económica. Clama al cielo la supresión de convenios como el de carreteras, que impide culminar, por ejemplo, el cierre del anillo insular en Tenerife. Por no hablar de un quebranto aún mayor, como consecuencia de no haber respetado jamás el artículo 96 del REF, según el cual “en cada ejercicio, el programa de inversiones públicas que se ejecute en Canarias se distribuirá entre el Estado y la comunidad autónoma de tal modo que las inversiones estatales no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular”. Para mayor desgracia, el Constitucional considera que este artículo no puede condicionar “sin más” el reparto de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Por qué se pretende negociar separadamente las partes fiscal y económica del REF? ¿Qué razones de peso existen para que los Ejecutivos autonómicos consintieran siempre esa anomalía? También resulta irregular el que Bruselas imponga criterios de vigencia al REF, ajustándolos a sus Marcos de Apoyo Comunitario, en este caso vigentes hasta 2020. A más temporalidadades, menos seguridades. Como remate final de esta historia, en Madrid han tomado nota de la última ocurrencia de Paulino Rivero, que está dejando a Canarias a los pies de los caballos: un artículo incendiario y visceral contra el PP y las políticas del Gabinete de Rajoy publicado el viernes en los periódicos isleños.

El presidente, siempre tan oportuno y conciliador, ha entregado su nueva carta de intenciones confrontadoras. Para que González Ortiz acuda a la capital del Reino a negociar el REF económico y lo reciban con honores y alharacas.