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RIC: reinversión, bonos y algo más… – Por Johanna Prieto

   

Es por todos conocidos el incentivo fiscal a la inversión que existe en las Islas para las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades que dispongan de establecimiento en Canarias, así como para determinadas personas físicas que obtengan rendimientos de actividades económicas en las mismas, conocido comúnmente como la RIC (Reserva para inversiones en Canarias). De manera sucinta, implica la reducción en la base de tributación de una parte del beneficio generado por la empresa, siempre que el sujeto pasivo se comprometa a aplicar/materializar en un futuro ese beneficio retenido (reserva) en nuevos proyectos de inversión. A pesar de que la normativa que recoge este incentivo fiscal (Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación el Régimen Económico y Fiscal de Canarias-REF-) establece varias alternativas y formas para materializar la reserva, la realidad es que en estos últimos años se han limitado prácticamente a dos las alternativas: i) la reinversión en activos para la propia sociedad y/o grupo empresarial que ha llevado a cabo la reducción, y ii) la suscripción de valores de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria (Bonos RIC). Tal es así que, al Cabildo de Gran Canaria le llevó menos de 40 minutos vender los más de 50 millones de euros que emitió a finales del año 2014, y tan sólo 7 minutos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias para colocar 50 millones de euros. Considerando que se trata de bonos con un tipo nominal de sólo un 0,5%, es preciso reflexionar por qué existe tanta demanda frente a otras alternativas.No debemos olvidar que dotar la RIC es una mera anotación contable en el ejercicio que se aplica la reducción, y que en la fecha tope para su materialización se precisará convertir ese apunte contable en liquidez para poder comprar nuevos activos para la sociedad y/o comprar valores RIC, por lo que la combinación rentabilidad-riesgo de la alternativa seleccionada es uno de los factores más relevantes. Así, la adquisición de bonos RIC de las administraciones públicas es una de las alternativas más factibles, al tratarse de un activo que a los cinco años (tiempo mínimo exigido en la legislación para mantener los activos en los que se ha materializado la RIC dotada), devuelve el importe de la inversión que se realizó en el momento de la compra, más los cupones del 0,5% generados anualmente. No ocurre lo mismo con la reinversión en activos de la empresa, donde la rentabilidad de los mismos dependerá de la viabilidad y éxito de las actividades que se desarrollarán con los activos adquiridos, máxime en un escenario de lenta recuperación y ajuste de la actividad como el actual.

La incertidumbre de los flujos futuros en el caso de reinversión, respecto a los flujos ciertos que se obtienen en el caso de compra de los valores de deuda RIC, así como la mayor predisposición de las entidades financieras a conceder financiación para materializar la RIC en activos con una mayor garantía y probabilidad de devolución como es el caso de los bonos públicos (pignorando los mismos), son los principales factores que justifican la sobredemanda. Es esta línea, en el nuevo Real Decreto-ley 15/2014 de modificación del REF, aprobado el pasado mes de diciembre, se incorporan varias mejoras con el objeto de hacer más flexible las alternativas de materialización. En el mismo, se equiparan los supuestos de inversión indirecta a los de inversión directa, posibilitando así materializar la RIC a través de cualquier instrumento financiero que, respetando las restricciones comunes al resto de alternativas de la normativa, sean emitidos por cualquier entidad prestadora de servicios de inversión, entidades de crédito, aseguradoras, sociedades y fondos de inversión colectiva, fondos de titulización, sociedades y gestoras de capital-riesgo, sociedades de garantía recíproca, etc. Con esta ampliación se pretende facilitar la financiación colectiva de determinados proyectos de inversión con inversores RIC, replicando la tendencia actual de socialización de determinados instrumentos de inversión, ampliando las fuentes de financiación no bancarias de las empresas/proyectos regionales (direct lending con incentivos fiscales). El éxito de esta nueva alternativa dependerá del papel que vayan a jugar los distintos agentes financieros y de que no acabe convirtiéndose en un producto más en el balance de las entidades de crédito que impida canalizar las necesidades de los inversores RIC con las demandas de financiación de determinados proyectos de inversión regionales.
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