X
análisis >

Se va Repsol, la guerra sigue – Por Leopoldo Fernández

   

Ya sabemos que no hay hidrocarburos en aguas españolas próximas a la mediana con Marruecos, al menos en cantidad y calidad suficientes para hacer rentable su explotación en la zona en que se halla el pozo Sandía, a 55 kilómetros de las costas isleñas. Tras años de falta de diálogo, descalificaciones recíprocas, ataques desaforados y enfrentamientos sistemáticos entre autoridades de Canarias y del Gobierno central -personalizadas en desencuentros y encontronazos verbales entre el ministro Soria y el presidente Rivero y sus adláteres respectivos- a cuenta de las prospecciones petrolíferas, la sensación que queda es de espantoso ridículo, de pitorreo y bufonada, de embuste y mojiganga, por el extravagante comportamiento de las partes involucradas en un conflicto creado artificialmente por meros intereses políticos. En realidad, se ha perdido la legislatura con el asunto petrolero, dejando en segundo plano cuestiones más relevantes, como la crisis económica y sus secuelas de ajustes y austeridades, funcionamiento de los servicios públicos, paro, pobreza y desgarro social.

¿No habría sido mejor esperar a ver si se encontraban o no hidrocarburos? Unas tareas aparentemente sencillas y de escasa duración -apenas dos meses- difícilmente iban a producir riesgos para el medio ambiente, como así se ha demostrado, aunque la inversión no es broma: más de 125 millones de euros. Pero, no. Para el Gobierno central, lo importante era imponer su autoridad y que ésta se visualizara. Para el paulinato, contaba agitar al personal, sembrar vientos apocalípticos para crear tempestades y ver sus efectos en forma de protestas, manifestaciones y declaraciones contrarias a toda actividad petrolera. Desde aquí, se trataba de -con ayudas económicas a caño libre- domesticar a la opinión pública, vender medias verdades, echar todas las culpas “a Madrid”, sembrar dudas y alarmas y ocultar la realidad, con tal de que el ciudadano medio no se centrara en la crisis y en la ineficiencia del Gobierno a la hora de combatirla.

El PSOE entró al trapo, el Parlamento se dejó torear por el Gobierno, los medios de comunicación, con alguna excepción, cayeron en el juego de intereses del Ejecutivo, y las voces de los verdaderos entendidos -como el geólogo tinerfeño Antonio Afonso, uno de los mayores expertos mundiales en exploraciones petroleras- quedaron apagadas por los ecos de maniobras manipuladoras. Como el ilegal intento de convocatoria de una consulta popular, la subsiguiente encuesta cocinada en sus preguntas -como si su resultado fuera dogma de fe o hubiera de convertirse en ley-, la siembra de falsas dudas sobre el abastecimiento de agua potable a Lanzarote y Fuerteventura. O la lectura interesada del Derecho Internacional Marítimo sobre las “aguas canarias” (que solo existen en la imaginación de Paulino Rivero y en la vacía ley Zapatero, pues el Archipiélago no tiene rango de Estado y ninguna ley ni tratado internacional puede reconocer potestad alguna a Canarias para actuar fuera de su jurisdicción) y el matonismo y desvarío presidencial al advertir a “Repsol y a sus compinches” de que si encuentran petróleo junto a las Islas “no se lo van a llevar pacíficamente” porque los canarios no van a permitir que se “expolien” los recursos de sus aguas.
Despropósitos, campañas y culpas

No conozco ningún país del mundo en el que sus dirigentes, en el colmo del disparate económico, se alegren por la ausencia de petróleo en sus dominios terrestres y marítimos. O que, teniéndolo, renuncien a su extracción. Aquí, sí; aquí somos más tontos que Abundio. Aun aceptando la posibilidad de ciertos riesgos, hoy existen tecnologías y medios para reducir a casi nulos los eventuales peligros de una exploración o de una explotación petrolera. Aun así, tanto Partido Popular como Coalición Canaria, PSOE y Nueva Canarias expresaron en su día su complacencia con la búsqueda de petróleo en el mal llamado mar canario. El caso es que de la noche a la mañana, salvo el PP, quienes ayer decían “sí” de pronto empezaron a decir “no”. Desde el Gobierno autonómico se compró, con halagos, peloteos y ensalzamientos, a los grupos ecologistas considerados hasta entonces una rémora para el desarrollo de Canarias. Se creó así un clima propicio a la confrontación metódica contra todo lo que oliera a petróleo cuando la energía que consumen las Islas, y por tanto el desenvolvimiento y hasta el desarrollo mismo de cada una de ellas, depende, en más del 95%, de ese líquido oleaginoso. Hasta el presidente Rivero sostiene la grosera falsedad de que el modelo turístico es incompatible con el petróleo cuando en todo el mundo existen testimonios irrebatibles de lo contrario.

Pero dicho esto, al Gobierno central, y particularmente al ministro Soria, le cabe la grave responsabilidad de haber vejado y ninguneado a las autoridades canarias. Nadie discute las competencias estatales en la concesión de permisos petroleros; pero un mínimo sentido de la oportunidad política, del deseable espíritu de lealtad y colaboración y, sobre todo, del deber que lleva consigo el Estado de las Autonomías, aconsejaba informar, en tiempo y forma, al Gobierno autonómico sobre los permisos petroleros. Y mantener con él un diálogo fluido y sincero, buscando puntos de encuentro y -como se hizo después- justas compensaciones por los eventuales riesgos que pudiera correr Canarias en caso de accidente petrolero, o por la alícuota parte que debe corresponderle según criterios de territorialidad y distribución de la riqueza.

Repsol habló entonces de miles de posibles reservas de barriles de crudo, de miles de inversiones y de puestos de trabajo. Soria y su gente en el Ministerio y en Canarias siguieron ese juego perverso de vender la piel del oso antes de cazarlo y, claro, ahora todo resulta tan esperpéntico, extravagante y valleinclanesco. Lo mismo que los dislates de algunos grupos ecologistas, siempre dispuestos a la exageración ilimitada. No se dan cuenta de algunos radicalismos absurdos y de que determinados errores (piénsese en las torres de alta tensión que adornan nuestra autopista del Sur gracias a sus dislates en el caso Vilaflor) les hacen perder credibilidad y prestigio.
Renovables, ataques y elecciones

Con todos estos aderezos dañinos e interesados, no ha sido posible mantener en Canarias un diálogo serio, sereno, reflexivo, sobre el petróleo, su importancia estratégica y sus ventajas e inconvenientes en el caso de que existiera en estas aguas atlánticas y fuera posible extraerlo. Todo ello, en el contexto del futuro energético de las Islas, que hoy -conviene recordarlo- están perdiendo el tren de las energías limpias o renovables por la incompetencia, dejadez y, en algunos casos, corrupción de sus dirigentes a través de concursos públicos anulados, recurridos o no desarrollados con arreglo a la ley. Y de esto no hay que buscar culpables fuera del Archipiélago.

Creo que no hay que dar por concluido el debate petrolero, ni mucho menos. En primer lugar, porque Repsol, tiene casi tres años para, si quiere, volver a los mismos permisos. O porque otras compañías, en nuevas circunstancias, pueden estar interesadas en su búsqueda. Y en segundo término, porque incumplidos tres Pecan aprobados en el Parlamento, es ya hora de que se aborde con determinación y realismo el futuro energético de Canarias, uno de los retos más graves y urgentes que tiene entre manos nuestra clase política.

Se va Repsol, sí, pero se queda la política pichirril y de campanario tan nociva para Canarias. La agresividad verbal contra dicha multinacional y el “ministro del petróleo”; el mantenimiento, contra toda lógica, de las acciones judiciales y políticas referidas a las prospecciones, pese a la pérdida de las hasta ahora emprendidas; las maliciosas insinuaciones de connivencia económica entre Soria y Repsol, y algunas afirmaciones rencorosas lanzadas por el presidente Rivero no contribuyen precisamente a apaciguar los ánimos, sino que ahondan en el deterioro de las relaciones de respeto que deben existir entre personas e instituciones, por muchas que sean las diferencias de criterio, por lo demás todas legítimas si no son contrarias al sentido común. Hace falta pasar página cuanto antes, sobre todo en el terreno político, pero da la impresión de que sólo las elecciones de mayo próximo darán la oportunidad al imprescindible borrón y cuenta nueva que acabe con la crispación y la deriva que se advierte en las alturas del poder.