X
avisos políticos >

El segundo mensaje – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Pues sí, había un segundo mensaje navideño después del mensaje del rey, y también relacionado con la Corona. Televisión Española, la televisión pública, es decir, la televisión que pagamos todos los españoles, días más tarde de emitir el mensaje de Felipe VI emitió un segundo mensaje en forma de una entrevista insólita y sin precedentes. Durante media hora, en una franja horaria de máxima audiencia, inmediatamente antes del telediario de la noche, por La 1 y Canal 24 horas, entrevistó a Pedro Horrach, el Fiscal Anticorrupción de Baleares y del denominado caso Nóos, cuya ejecutoria más destacada en el caso ha sido defender a la Infanta Cristina por todos los medios, intentar evitar que fuera imputada y, finalmente, pretender que no fuese acusada y sentada en el banquillo. Y la entrevista no estuvo dedicada al caso del que se ocupa el fiscal, estuvo dedicada exclusivamente a proclamar la inocencia de la Infanta mediante un alegato sesgado, unos argumentos parciales, gravemente descalificatorios para el juez José Castro y la Audiencia de Palma. Por si fuera poco, el fiscal defendió la aplicación a la Infanta de la llamada doctrina Botín (una interpretación legal urdida para exonerar a un banquero y evitar su procesamiento), en contra de la opinión unánime de los juristas más solventes (en este sentido, El Mundo ha publicado un dictamen demoledor del profesor Enrique Gimbernat). Además, afirmó estudiar la posibilidad de un extraño recurso contra el auto de apertura del juicio oral, un recurso que la Ley de Enjuiciamiento Criminal niega expresamente (la defensa lo presentó el viernes). En resumen, la entrevista fue una flagrante violación de la independencia del Poder Judicial y de la neutralidad informativa que debe presidir la actuación de todo medio, y, mucho más, de uno público. Esta entrevista, que debería avergonzar a la cadena pública y al periodista que la perpetró, porque sus preguntas no eran preguntas, sino parte de la respuesta, es una prueba más de que, en contra de las afirmaciones retóricas oficiales, los poderes públicos españoles no respetan la independencia del Poder Judicial y utilizan políticamente a la Fiscalía. La estrategia seguida con la Infanta ha supuesto un rotundo fracaso porque se ha estrellado en la honradez y la profesionalidad del juez instructor y de la Audiencia de Palma. Pese a ello, se insiste una y otra vez en esa estrategia. Todavía hace días un medio informaba de la existencia de una supuesta Operación Cortafuego y de una presunta reunión al respecto, celebrada hace tiempo en La Zarzuela, entre don Juan Carlos, el jefe de su Casa, Rajoy, Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, y Torres-Dulce, entonces Fiscal General del Estado. Sorprende que dos de los asistentes a esa presunta reunión, máximos representantes de un sector de la Justicia española, hayan dimitido. El Partido Socialista no se ha atrevido a denunciar esta situación, pero la ha criticado de manera indirecta. Su secretario de Política Federal, Antonio Pradas, ha pedido públicamente al Rey que “impulse” la renuncia de la Infanta a sus derechos sucesorios, y otros dirigentes del partido, ente ellos el propio secretario general, han abundado en lo mismo. Se trata de una renuncia sin efectos prácticos (la Infanta está en sexto lugar en el orden de sucesión a la Corona) y que no afectaría a sus descendientes, aunque con un enorme potencial ejemplificador. Se dice que ya don Juan Carlos envió al jefe de su Casa a Estados Unidos, en donde entonces residía la Infanta, con la misma solicitud. Su hija contestó que tomaba nota, pero, por el momento, las cosas siguen igual. Y algunos pensamos que no solo tendría que renunciar a sus derechos sucesorios, sino también a su título, que, al ser un ducado de capital de provincia, la vincula directamente a la familia del rey. Es de esperar que en el caso de una -improbable- condena estas renuncias sí se materialicen. No obstante, la petición socialista pierde credibilidad porque es equivalente a pedir que todo político imputado renuncie a su cargo, cualquiera que sea. Y hasta ahí no han llegado ni los socialistas ni ningún partido. A los ciudadanos nos da igual que los partidos suspendan de militancia o expulsen a sus corruptos particulares. Allá ellos con sus asuntos internos. Lo que nos afecta a los ciudadanos es que permanezcan en cargos públicos y en listas electorales. Y, en ese sentido, la mera imputación debería suponer la renuncia al cargo o a la candidatura. No es presentable en términos democráticos, por ejemplo, que el candidato de Coalición Canaria y probable futuro presidente del Gobierno canario esté imputado de varios delitos. Es verdad la presunción procesal de inocencia; es verdad que la imputación y ni siquiera la acusación en el banquillo presuponen culpabilidad, y que solo la supone la sentencia firme. (Y un senador canario condenado por sentencia firme sigue en el Senado). Pero si queremos en serio erradicar la corrupción de este país es necesario adoptar esa medida drástica. Y si luego resulta que el imputado o el acusado son declarados inocentes, mala suerte. Han pagado el precio de la imputación o la acusación. Este mensaje no es el segundo, es el primero que los ciudadanos queremos enviar a los partidos españoles en el Nuevo Año.