Los técnicos de Urbanismo pasan la ‘pelota’ del mamotreto al juzgado

El mamotreto vuelve a quedar en manos del juzgado de lo penal para saber si se derriba o no. / S. MÉNDEZ

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Sí, pero no. Así se podría definir el informe elaborado por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Santa Cruz de Tenerife y que había solicitado el alcalde, José Manuel Bermúdez, para conocer si existe la posibilidad, mediante una modificación del planeamiento, de legalizar la parte que no está en servidumbre pública del edificio de aparcamientos a medio terminar que se alza en la cabecera de la playa de Las Teresitas, más conocido como mamotreto. Y es que los técnicos de Urbanismo si bien argumentan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional no admite que una obra declarada ilegal por una sentencia pueda ser legalizada mediante cambios posteriores en el planeamiento, al mismo tiempo señalan que habría que comprobar si la parte que no invade servidumbre pública tiene algo legalizable, para lo que se remiten al informe que la Agencia de Protección del Medio Urbano (Apmun) del Gobierno de Canarias emitió en su momento sobre este asunto, documento al que, dicen en varias ocasiones, no han tenido acceso. De esta forma, concluyen que debe ser el juzgado, teniendo en cuenta las premisas anteriores, el que diga al Ayuntamiento de Santa Cruz qué debe hacer con el mamotreto.

De forma resumida, los técnicos establecen que, para dar una adecuada respuesta a la instrucción dictada por el alcalde, antes, el juzgado debe aclarar en primer lugar, invocando los principios de “proporcionalidad, conservación de la riqueza y mínima demolición”, respecto de las obras que han sido declaradas judicialmente ilegales, conforme a los informes de la Apmun, “si existe alguna parte que cumple, en algún elemento o aspecto urbanístico, con la normativa del Plan General vigente en el momento de ejecución”, ya que, insisten, desconocen el alcance de las ilegalidades al carecer de los informes. Por tanto, si se descarta la existencia de esas ilegalidades, piden al juzgado que aclare si “hay algún elemento, desde el punto de vista urbanístico y constructivo, conservable”. En segundo lugar, señalan que, si conforme a esos informes técnicos, se constatase que parte de la construcción es legalizable, solicitan que se aclare si se puede justificar que existe entidad suficiente en las obras ejecutadas para que, desde el punto de vista urbanístico, puedan mantenerse. En este caso citan la sentencia de la Audiencia Provincial que propuso, en vía administrativa, que podía ponderarse el aprovechamiento de aquella parte de la estructura, para ajustarla a la legalidad vigente, con el fin de evitar la malversación de la inversión pública realizada.

Plan Especial
En tercer lugar señalan que, “si se constata la existencia de una parte de la obra legalizable conforme al Plan”, es necesario que el juzgado aclare el contenido exacto de que parte debe ser objeto de demolición. Añaden que si se verifica que una parte de la obra es conservable, que el juzgado legitime al Ayuntamiento para comenzar de inmediato la redacción del Plan Especial de Las Teresitas para estudiar la posibilidad de conservar la parte que es viable constructivamente.

Si finalmente el juzgado constata que no hay nada legalizable, piden que precise el alcance de la ilegalidad del inmueble, y que se determine por el juzgado la total y completa demolición de los irregularmente ejecutado. Por tanto, analizando estas conclusiones, los técnicos de Urbanismo basan la posible legalización en el informe que la Apmun realizó sobre el mamotreto en su momento. El informe, firmado por la directora técnica jurídica, Luisa del Toro Villavicencio, concluye señalando que estas consideraciones deben ser aclaradas por el juzgado de lo penal responsable de la ejecución de sentencia antes de cualquier acción municipal.