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Un terremoto judicial gracias a Domínguez Anadón

   

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, sede de la Audiencia provincial. / DA

Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, sede de la Audiencia provincial. / DA

A. D. | Santa Cruz de Tenerife

“Lo de José Ángel Domínguez Anadón tiene mucho mérito: hay que ser muy valiente para discrepar de una decisión judicial con tanto respaldo entre algunos medios de comunicación como es la del caso Mamotreto, pero es que está avalado por sus conocimientos técnicos. Por eso ha abierto los ojos a muchos y nadie ha salido a rebatir sus afirmaciones. Esperemos que se rectifique antes de agravar aún más la injusticia cometida con los ahora condenados”. El que así habla es un conocido jurista de esta ciudad a la que, por obligaciones de su cargo, le resulta imposible desvelar su identidad, pero refleja fielmente el sentir de muchos que se han puesto en comunicación con esta redacción a cuenta de la serie de informaciones publicadas sobre el tema.

Fue el pasado 26 de diciembre cuando se público El estropicio del mamotreto, un reportaje-denuncia en el que el autor del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife explicaba, con todo detalle, cómo dos de los peritos propuestos por la Fiscalía habían podido equivocarse gravemente durante el juicio por esta causa, al punto de llegar a contaminar con los mismos la sentencia dictada en primera instancia, donde se asegura que la edificación (un inmueble con aparcamientos soterrados en la entrada de la playa de Las Teresitas) invadía dominio público, lo que es falso.

Dicho error tuvo aún mayor trascendencia en la segunda instancia, donde para corregirlo se yerra en la calificación del suelo y se abre la puerta a la legalización del edificio, una opción a la que de inmediato se ha adherido el propio alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y que cuenta (entre otros) con todos los parabienes de los técnicos del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental, órgano especializado de la Viceconsejería de Ordenación Territorial de la Consejería del Gobierno de Canarias cuyo titular es Domingo Berriel.

Tal y como defendía nuestro anónimo interlocutor, lo cierto es que la denuncia pública de Domínguez Anadón ha desvelado las carencias procesales de un caso que en la actualidad se encuentra en fase de ejecución de sentencia y que está a punto de enviar a la cárcel a tres de los condenados y a provocar el despido de tres funcionarios del Ayuntamiento capitalino que han sdio inhabilitados.

Y tales carencias ya han captado el interés de las autoridades estatales de la Administración, a la par que ahora son tarea para dilucidar por parte de los miembros del Tribunal Constitucional, donde ya se ha presentado un recurso de amparo por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de dos de los acusados, Norberto Plasencia y Loreto Ariz.

Más allá de los argumentos expuestos en el referido recurso por parte de su abogado, el exmagistrado y exfiscal general del Estado Eligio Hernández, la obligación legal impuesta por parte del Alto Tribunal para que este tipo de recursos tenga un interés general ha provocado a su vez que en el mismo se ofrezaca a los magistrados del Tc la posibilidad de pronunciarse sobre la llamada politización de la política en España, y que algunos elevan directamente a la categoría de criminalización de la vida pública.

Tal fenómeno arranca con la reforma del Código Penal que tuvo lugar en 1995 y que es conocida por el apellido del entonces ministro de Justicia y del Interior, el socialista Juan Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza. En dicha reforma (que coincide en el tiempo con un hartazgo de la opinión pública a cuenta de la acumulación de denunicas por corrupción muy similar al actual) se tipificaron como delitos lo que hasta entonces se catalogaban como ilícitos administrativos, renunciando así a la exigencia de subsiriariedad del Derecho Penal y, por ende, afectando al principio superior de proporcionalidad de la pena.

Dicha exigencia de subsiriariedad implica que el Derecho Penal solo ha de intervenir de manera residual y cuando se demuestre que el resto de mecanismos del ordenamiento jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico agredido. En primera instancia nunca debe intervenir el Derecho Penal, sólo en última ratio. No es, precisamente, el caso del Mamotreto, donde se paralizó un proceso ya iniciado por la vía contencioso-administrativa y en la que, a buen seguro, nadie se habría equivocado con algo tan simple como es la calificación correcta del suelo.

La ejecución de la sentencia continúa sin agotarse la jurisdicción ordinaria

A. D. | Santa Cruz de Tenerife

La ejecución de la sentencia del llamado caso Mamotreto sigue adelante a pesar de no haberse agotado la llamada jurisdicción ordinaria. Es decir, sin que la segunda instancia (la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife) haya resuelto los requerimientos de todas las partes a cuenta del proceso. Aunque tal posibilidad es legal, llama la atención la premura con la que se activa esta ejecución de sentencia habida cuenta de que ello implicará que al menos tres de los condenados ingresen en prisión lo que, en caso de revisarse el contenido de la sentencia, infringirá un daño irreparable para estas personas.

Por lo que le consta a este periódico, el auto para que se ejecute la sentencia fue dictado con fecha del pasado día 28 de diciembre, y al menos una de las personas afectadas ya ha sido requerida personalmente, último paso para que comiencen a contar los plazos, que son de 20 días. Mientras tanto, varios de los abogadores defensores aguardan a que la Sala Segunda de la Audiencia provincial resuelva sobre los incidentes excepcionales de nulidad planteados, además de que también se han dirigido a la misma para que realice una aclaración de la sentencia a cuenta de la ya conocida polémica catalogación del suelo de la parcela en cuestión. Otro dato sigue sin desvelarse: ¿celebró o no dicha Sala la preceptiva deliberación? Y si fue así, ¿por qué no consta en la sentencia ni se comunicó a las partes?