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El TSJC avala la intervención de la Fundación CajaCanarias

   
El Patronato original, con Álvaro Arvelo al frente, llegó a constituirse; algunos miembros repitieron. / DA

El Patronato original, con Álvaro Arvelo al frente, llegó a constituirse; algunos miembros repitieron. / DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hizo público ayer que desestima el recurso presentado por el patronato original de la Fundación CajaCanarias contra la intervención de la misma por parte del Gobierno de Canarias, que controla desde entonces la entidad. Dicha decisión ha sido celebrada por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, por lo que supone de garantía a “la seguridad jurídica del proceso y, por tanto, la continuidad de la tarea que realiza la Fundación CajaCanarias”. Contra la decisión de este alto tribunal autonómico sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y todo apunta a que, visto el contenido de la sentencia, será presentado.

Los hechos que nos ocupan encuentran su origen en el proceso de desmantelamiento de las cajas de ahorro, una singularidad del sistema financiero español desvirtuada por la irrupción de los poderes públicos en sus consejos de administración. Con la llegada de la crisis, las cajas iniciaron un proceso de absorciones que desembocó en una fagocitación de las mismas, al punto que apenas subsisten algunas firmas que, en casos como el de Bankia (heredera de Caja Madrid, Bancaja o la Caja de Canarias, entre otras) han tenido que ser rescatadas con dinero público que aún no se ha devuelto. En el caso de CajaCanarias, su solvencia no evitó que terminara siendo absorbida por Caixabank (antigua La Caixa). Fue al final del proceso de constitución de su fundación cuando el Gobierno de Canarias, que hasta entonces colaboró con el proceso, evitó registrar la misma dentro del plazo legal en enero de 2013 y, dos meses después, anunció por sorpresa su intervención en un caso que no tiene parangón en otros puntos del país. Desde el primer momento, la Justicia avaló la decisión del Ejecutivo al mantener el patronato nombrado por el Gobierno de Canarias, una decisión ahora refrendada por el TSJC al entender que la ausencia de registro es imputable al patronato original dado que apuró mucho los plazos, lo que habría impedido al Gobierno actuar con la diligencia debida. Eso sí, hay que tener en cuenta que, si bien el plazo original era de seis meses, en la práctica sólo se podía actuar a partir del 15 noviembre, unos 40 días antes del final del plazo.

“Validez y rigor jurídico”
Sea como fuere, Hernández Spínola valoró esta sentencia del TSJC al entender que confirma la validez y rigor jurídico de la actuación del Ejecutivo autonómico en el proceso de transformación de la Obra Social de CajaCanarias a Fundación de carácter especial en el año 2013, tal y como reza un comunicado remitido a los medios. “La sentencia ratifica la actuación administrativa del Protectorado de Fundaciones y del Gobierno canario en todos sus términos”, asegura el consejero en dicha nota, en la que en momento alguno entra en el fondo de la controversia jurídica, limitándose a una valoración de sus efectos. Hernández Spínola asegura en el comunicado que “el Gobierno canario actuó por imperativo legal, tras el incumplimiento por parte de los integrantes en 2012 del Patronato de la Obra Social de CajaCanarias del plazo voluntario del que disponían para la inscripción de la Obra Social CajaCanarias en el registro de fundaciones de carácter especial. El Ejecutivo tuteló el proceso en aplicación de los mandatos legales recogidos en el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, y la Ley 10/2011, de Cajas de Ahorros de Canarias, siguiendo estrictamente el proceso reglado para estos casos”.

A juicio del socialista, “el propósito del Ejecutivo canario en todo momento fue garantizar la continuidad de la actividad de esta Fundación, por su gran relevancia e incidencia sobre el tejido social, deportivo y cultural del Archipiélago”. “Lo más importante es que la Obra Social de CajaCanarias continúa y continuará aportando a la sociedad canaria su impronta, apoyando proyectos que no serían viables sin el respaldo de esta Fundación”, concluyó el consejero.

“Esta sentencia del TSJC es un reconocimiento a la calidad del trabajo realizado, en este procedimiento de enorme complejidad, novedoso y jurídicamente controvertido, por los integrantes del Protectorado de Fundaciones, las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad, y de Economía, Hacienda y Seguridad, y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma”, aseguró el consejero Francisco Hernández Spínola, quien también defendió la profesionalidad de todo el equipo.