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El vino y D. Carlos Alonso – Por Hugo Luengo

   

En días pasados en este medio D. Ricardo Melchior hacía su apología del sector del vino en Tenerife, al cual contribuyó a impulsar hace 27 años. Desde esta sección le respondimos a seguido, agradeciéndosele la importante acción de fomento llevada a cabo por el Cabildo y reiterando nuestra postura. La misma desde hace tres años en este medio, donde le invitamos a cumplir con las leyes y el sentido común, que le obliga al Cabildo a retirarse de una actividad impropia e insostenible para el presupuesto insular y contraria a los intereses hoy del sector vitivinícola de Canarias.

Pues en esta postura, aprueba el Cabildo un día después su presupuesto para el sector del vino a lo largo del año, que vuelve a incidir en los mismos errores. Nada ha cambiado con la crisis del vino de La Mancha, en la cual el Cabildo se gastó 1.000.000 euros en la compra de uva, seguimos sin saber dónde y cuánto. Destina a su vez 430.000 euros para este año en acciones de promoción. Ofrece gratis los ensayos del laboratorio insular, lo cual es ilegal. Y se atrinchera en su postura de permanecer en el sector, reiterando su intervencionismo a través de la unificación de los Consejos, cuya iniciativa es igualmente impropia, ya que la misma corresponde al propio sector en exclusiva. En conjunto compromete un gasto no inferior a 1,6 millones de euros para este año. Para que nuestros lectores entiendan la dimensión de este compromiso económico, el total de las ayudas públicas a todos los Consejos de las D.O. de Canarias, por parte del Gobierno regional, se sitúa en 400.000 euros al año.

¿Tiene alguna eficacia práctica para el sector este dispendio del Cabildo de Tenerife? En la opinión del sector que representa AVIBO y por las razones que señalamos, las ayudas públicas, sin entrar en tecnicismos legales a cuya luz éstas no serían posibles, deben ser iguales y transparentes. Igualdad ante la ley y transparencia para todos. Venimos desde hace años defendiendo que los apoyos públicos deben estar coordinados con el sector. No es posible hacer promoción, ni I + d, sin el mismo. Si no vendo una botella de vino más, ni mejoro la aplicación práctica de la investigación, este esfuerzo no vale. Seguimos tirando el dinero público, que por lo visto no es de nadie. Nuestro sí. Las ayudas así aplicadas distorsionan el sector y le impiden avanzar.

Los errores añadidos a esta lectura que mantiene el Cabildo de D. Carlos Alonso sobre el sector del vino en Tenerife, vuelven a colocarnos en la misma postura de nuestra respuesta a D. Ricardo Melchior de días pasados. Arbitrar sí, dirigir, no. Y esto se complica nuevamente porque el Cabildo como institución pública tiene muchas funciones de arbitraje en el mundo del vino, que lo hacen incompatible en su función de bodeguero. Ponemos, simplemente como ejemplo, las ligadas a sus funciones y permisos en el mundo agrario de las calificaciones territoriales y el desarrollo del planeamiento, también de las bodegas. Donde el Cabildo es juez y parte. La recientemente publicada, en enero de 2015, Ley de Simplificación y Armonización, refuerza las competencias del Cabildo, en las tramitaciones urbanísticas y territoriales, y con ello incrementa el grado de incompatibilidad para ejercer actividades impropias.

Nos asombra que D. Carlos Alonso, posiblemente uno de los canarios que mejor conozca como técnico la normativa europea, sitúe a nuestro Cabildo en una postura tan distante a lo que señala el Tratado de Lisboa, la Legislación de Liberalización de Servicios, la Legislación de la Competencia, la Ley de Incompatibilidades, la Ley de Transparencia y la misma Ley de Régimen Local.

Y luego de todo ello, encontrados con el sector, con el cual se niega a cooperar y planteando alternativas impropias, que el sector haría al 10% de lo que nos viene a costar a todos. A darle solución nos ofrecemos.

*Presidente de AVIBO y de la DOP Islas Canarias