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Visocan paga un millón de euros por la firma de productos ‘swaps’

   
Uno de los grupos de viviendas de la empresa pública. | DA

Uno de los grupos de viviendas de la empresa pública. | DA

M. F. | Santa Cruz de Tenerife

El gerente de la empresa pública Visocan, Víctor González, respondió ayer en los micrófonos de Teide Radio a las críticas del partido Popular que acusan al organismo de tener una deuda de más de 200 millones de euros a la que se une otra más de 9 millones, pertenecientes a créditos que no se han pagado. González no negó las cifras, pero si aclaró que la empresa pública no está, ni mucho menos, al borde de la ruina, como dice el PP.

“Los impagos son ciertos”, afirmó, “pero se deben a que no hemos podido cerrar un acuerdo de refinanciación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) porque hay una normativa del Estado que, según ellos, lo impide. Tenemos voluntad de pagar, lo que queremos es que los plazos de amortización sean un poco más largos para poder asumir los pagos. Hay entidades”, continuó, “como Bankinter o BBVA que se han sentado con nosotros y lo han hecho sin problema. Esperamos que a principios de este año podamos resolver este problema con el ICO”, puntualizó.

Para Víctor González, mezclar este asunto con que Visocan está al borde del cierre “es faltar a la verdad”. La deuda “no asciende a 200 millones, es un poco menos”, y aclaró, “Visocan tiene activos por más de 300 millones de euros, es decir, cualquier sociedad puede tener una deuda, pero mientras tenga activo suficiente para hacer frente al pasivo, la viablidad no está en duda”. Visocan, según su gerente, tiene actividad suficiente: un parque de unas 6.000 viviendas, con más de 48 personas empleadas.

González también se refirió a las críticas que apuntan a que parte de esta deuda se debe a la firma de productos swaps por parte del organismo público. “Se firmaron en su día y éstos tienen unos plazos que hay que cumplir. De hecho, casi todos los swaps que se han firmado por entidades públicas están generando pérdidas ahora. En el caso de Canarias las pérdidas por este concepto están llegando al millón de euros. Casi todos se firmaron en 2005. No se de quien fue la idea, pero fue una práctica casi generalizada por las empresas de este país”.