La APMUN vigilará las infracciones en los cuatro parques nacionales
Emiliano Coello, a las puertas de la sede de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. | DA
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), un consorcio público del que forman parte el Gobierno canario, cabildos y ayuntamientos adheridos de forma voluntaria, será a partir de ahora la que se encargue de incoar, tramitar y resolver los expediente por infracciones contra obras y actividades ilegales en los cuatro parques nacionales de Canarias: Las Cañadas del Teide, la Caldera de Taburiente, Timanfaya y el Garajonay.
Así lo establece la nueva Ley de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, concretamente en su artículo 190, que a su vez modifica la que regulaba hasta ahora las funciones de este órgano, el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos.
El director de la APMUN, Emiliano Coello, explicó ayer en declaraciones a este diario que la nueva normativa ha venido a clarificar algunas competencias a raíz del traspaso de la gestión de los parques nacionales por parte de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma, que ahora a su vez se está transfiriendo del Gobierno canario a los cabildos que lo han solicitado.
“Hasta ahora estas funciones de control y vigilancia las venía llevando el Organismo de Parques Nacionales, pero la Ley de Armonización ya refleja esta nueva realidad competencial con un mandamiento concreto a la APMUN”, afirmó Coello.En concreto, esta agencia, como señala la normativa vigente y recuerda su director general, se encarga, con carácter general (no solo en los parques protegidos) de abrir, instruir y resolver expediente por “obras, instalaciones, trabajos, actividades o usos de todo tipo en terrenos destinados a dotaciones públicas, sistemas generales, a espacios naturales protegidos, incluidas sus zonas periféricas de protección, y a otras áreas de protección ambiental establecidas en los planes insulares de ordenación que impidan, dificulten o perturben dicho destino y que se ejecuten sin la debida aprobación, autorización, licencia u orden de ejecución, siempre y cuando no resulten legalizables”.
La APMUN tendrá el poder de iniciar, tramitar y resolver expedientes por indisciplina urbanística o contra el medio ambiente en todo el suelo rústico, quedando fuera de su competencia las infracciones en suelo urbano, aunque los ayuntamientos podrán delegar estas funciones a la Agencia en los asentamientos, ya sean agrícolas o rurales, según explicó ayer el director de este órgano consorcial, Emiliano Coello. No obstante la APMUN, de acuerdo con la Ley de Armonización, podrá intervenir en caso de infracciones graves o muy graves si detecta inactividad de un ayuntamiento o un cabildo en la incoación, instrucción o resolución de un expediente o no se ordenara o ejecutaran las medidas necesarias para restablecer el orden jurídico infringido.
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