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La Audiencia ve “mera discrepancia” su posible error al calificar el suelo

   
Imagen de archivo del edificio de aparcamientos ubicado en la entrada de la playa de Las Teresitas. / F. PALLERO

Imagen de archivo del edificio de aparcamientos ubicado en la entrada de la playa de Las Teresitas. / F. PALLERO

A. D. | Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife calificó como “mera discrepancia” el presunto error en la calificación del suelo que sustenta su sentencia en el llamado caso Mamotreto, una decisión judicial que incluye condenas de cárcel y de inhabilitación para funcionarios a cuenta de las irregularidades en la edificación de un aparcamiento subterráneo de aparcamientos en la entrada de la santacrucera playa de Las Teresitas.

Así consta en la providencia dictada el pasado 23 de enero y que fue notificada a las partes el pasado día 29 a través de la cual la Sección Segunda no admite a trámite los incidentes excepcionales de nulidad planteados por los representantes legales de cuatro de los seis condenados por esta causa, entre los que se incluyen tres exediles de la capital tinerfeña y tres funcionarias.

Además, dicha providencia aclara que la sentencia “es firme y definitiva”, lo que ha motivado que las defensas en cuestión anuncien sus respectivos recursos de súplica y, tal y como invita la propia providencia, posterior recurso ante el Tribunal Constitucional. Cabe añadir que este alto tribunal ya estudia si admite a trámite el interpuesto por la otra defensa de este proceso, la encabezada por el exfiscal general del Estado y exmagistrado Eligio Hernández.

Tanto en el referido recurso de súplica como en el de inconstitucionalidad se solicita la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia, ya que en caso contrario tres de los encausados tendrán que ingresar en breve en prisión al haber sido condenados a penas de más de dos años de privación de libertad.

En cuanto a la mera discrepancia a la que se refiere la Audiencia, define así las alegaciones de dos de las representaciones de los condenados acerca de “la naturaleza de los terrenos” y de “la condición de sujetos activos de tal delito [el 319.2 del Código Penal]”. Sobre esa calificación de los terrenos, el propio Colegio de Arquitectos de Canarias ha explicado que la parcela sobre la que se erige el llamado mamotreto es suelo urbano no catalogado y no urbanizable, como recoge la sentencia de la segunda instancia, es decir, la dictada por la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Esta calificación del suelo supuso que se condenase a los seis encausados por el 319.2 en vez del 319.1 del Código Penal, ya que la primera instancia (el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife) consideró erróneamente que la obra invadía dominio público o un terreno que merezca especial protección, lo que fue corregido por la Audiencia dado que no correspondía ninguno de los dos supuestos.

Los arquitectos sostienen que estos supuestos errores materiales en ambas sentencias se deben en origen a la errónea interpretación de dos de los peritos actuantes durante el proceso, destacando que se trata de expertos en temas de medio ambiente y no en urbanismo.

Sea como fuere, la providencia de la Sección Segunda deja bien claro que considera que no es el momento procesal adecuado para entrar a debatir unos conceptos sobre los que “tanto la sentencia de instancia como la sentencia de esta Sala se han pronunciado sobre estos extremos, tanto sobre la naturaleza de los terrenos y el carácter de las obras realizadas en los mismos (…) como sobre la condición de sujetos activos de tal delito de cada uno de los condenados”.

En resumen, que la excepción de nulidad no ha sido concebida como “un amparo judicial” y que al no solicitarse un pronunciamiento “relativo a una supuesta cuestión que hubiera sido planteada por las partes (…) no se está invocando ninguna de las causas tasadas de nulidad establecidas”.

Al TC, por supuesta vulneración de la tutela efectiva y del principio de legalidad

No se esperan sorpresas en los anunciados recursos de amparo que en breve presentarán ante el Tribunal Constitucional tres de los abogados defensores que representan a cuatro de los seis condenados por el llamado caso Mamotreto.

Como ya argumentaron en la excepción de nulidad planteada ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dichos recursos se basarán en las supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales de sus clientes. En este caso se trata del derecho a una tutela judicial efectiva y a un incumplimiento del principio de legalidad penal. En todo caso, podría sumarse una infracción del principio acusatorio (como hizo el abogado Alfonso Delgado ante la Audiencia), al entender que no hay homogeneidad entre el delito del 319.1 (por el que se acusó a los imputados) y el 319.2 (por el que finalmente se les condenó a cuenta del cambio en la sentencia de una instancia a otra sobre la calificación del suelo).

Cabe recordar que el exfiscal general del Estado y exmagistrado Eligio Hernández, abogado de dos de los condenados, ya ha presentado un recurso de estas características ante el Tribunal Constitucional, así como otro de revisión ante el Tribunal Supremo, del que por ahora sólo ha trascendido que en ambos casos se ha solicitado más información.